Seis sectores tecnológicos estratégicos estarán en el centro del nuevo sistema estadounidense de vigilancia sobre inversiones en el extranjero. La propuesta incluye biotecnología, semiconductores avanzados y microelectrónica, inteligencia artificial, información cuántica, computación de alto rendimiento y supercomputación, además de sistemas hipersónicos.
El alcance de esos controles refleja la preocupación de Washington por operaciones que puedan fortalecer tecnologías de doble uso, programas militares o mecanismos estatales de vigilancia. El esquema también contempla riesgos relacionados con países donde se cometen violaciones de derechos humanos, pero no establece una prohibición general sobre todas las inversiones dirigidas a las naciones incluidas.
En ese contexto, el Departamento del Tesoro presentó el jueves una propuesta reglamentaria que mantiene bajo escrutinio a China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros países, pero deja fuera a Venezuela. La justificación oficial fue que el régimen del dictador Nicolás Maduro, tal como aparece definido en la legislación estadounidense, “ya no existe”.
La decisión responde a la redacción de la Ley Integral de Seguridad Nacional en materia de Inversiones en el Extranjero de 2025, o COINS Act, aprobada por el Congreso en diciembre. El texto identificaba a Venezuela mediante la condición específica de estar “bajo el régimen de Nicolás Maduro”. Según el Tesoro, la administración encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no encaja en esa formulación. Esa interpretación jurídica no altera el carácter dictatorial del poder chavista ni borra la posición que Rodríguez ocupó dentro de la estructura de Maduro.
La exclusión tampoco supone que todas las operaciones vinculadas con Venezuela queden automáticamente libres de control. El organismo señaló que ciertas inversiones en entidades venezolanas podrían ser alcanzadas por la futura normativa, aunque no identificó las compañías, instituciones o circunstancias que activarían esa supervisión.
La COINS Act convirtió en ley y amplió un programa que inicialmente estaba concentrado en China. Además de incorporar nuevos países considerados preocupantes, la legislación ordena a empresas y particulares notificar al Tesoro determinados proyectos de inversión fuera de Estados Unidos y autoriza al departamento a sumar otros sectores.
En biotecnología, el Tesoro citó posibles amenazas asociadas con la proliferación de armas biológicas, las interfaces entre el cerebro y las computadoras y la seguridad de las cadenas estadounidenses de suministro. Un funcionario aclaró que la propuesta no cubrirá eventuales convenios de licencia entre farmacéuticas de Estados Unidos y China, una excepción solicitada por empresas del sector, incluida Pfizer.
La retirada de Venezuela de esta categoría ocurre además mientras Washington flexibiliza medidas contra figuras centrales del chavismo. El miércoles de la semana anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez. Fueron retiradas sus distintas inscripciones e identidades registradas bajo el programa venezolano.
El Tesoro no explicó las razones de ese levantamiento ni precisó si pertenece a una revisión más extensa de las sanciones contra Caracas. La Casa Blanca ya había retirado en abril las restricciones contra Delcy Rodríguez, quien era la segunda figura de la estructura de poder de Maduro antes de asumir como presidenta encargada. Ambos hermanos permanecían sancionados desde septiembre de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.
La propuesta abre así una etapa de menor presión formal sobre la cúpula chavista, pero deja zonas de incertidumbre para inversionistas y entidades venezolanas. La implicación central será determinar si Washington limita la exclusión a una interpretación técnica de la COINS Act o si la convierte en otro paso dentro de una flexibilización más amplia hacia la dictadura venezolana.
