El abanico de jerarcas de la dictadura venezolana que podrían comparecer ante la justicia federal estadounidense en los próximos meses sería amplio y su traslado ya estaría en preparación como una prioridad de Washington.
Esa perspectiva cambia el cálculo político en Caracas, porque cada entrega reduce el margen de protección interna de los señalados y acerca los expedientes por narcotráfico, lavado de dinero y evasión de sanciones a una sala de juicio en Nueva York o Florida.
El contexto incluye la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, el proceso abierto contra él y contra Cilia Flores por conspiración de narcoterrorismo y el avance de las conversaciones petroleras entre Caracas y Washington, en medio del retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado.
El detonante más reciente se registró en los últimos diez días, cuando Álvaro Pulido Vargas, manejador de fondos de origen colombiano detenido desde 2023 por el saqueo a PDVSA, fue presentado ante tribunales estadounidenses el 11 de octubre, mientras Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de la dictadura, dijo en audiencia que se planea su extradición.
El Aissami, procesado por el mismo desfalco, afirmó que no renunciará a la nacionalidad venezolana, que no quiere ser extraditado y que, si eso ocurre, no fue algo solicitado por él, en una declaración que los analistas leen como señal de una negociación aún no cerrada de cara a la opinión pública venezolana.
Antes, en mayo, Venezuela entregó al empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro en negocios turbios, para que respondiera por lavado de dinero, después de que la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, le anulara la nacionalidad venezolana que le había otorgado la dictadura de Maduro, un giro que permitió presentarlo como entrega y no como deportación a Colombia.
Jesús Romero, exoficial de inteligencia de la Marina estadounidense, sostiene que tanto Saab como Pulido llegaron mediante arreglos pactados directamente con el Departamento de Justicia, con documentos de entrega voluntaria firmados por los interesados para buscar beneficios posteriores a una eventual sentencia, sin que la cúpula de turno tenga voto en ese pacto.
El mismo mecanismo, explica, se usó en 2022 con un coronel del ejército de Guatemala trasladado por narcotráfico y en los casos de los militares chavistas Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, llevados desde Colombia en 2020 y desde España en 2023, quienes ahora declaran como testigos en la causa contra Maduro y Flores con la meta de reducir sus penas.
Para Romero, El Aissami podría ser el siguiente, pues enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico, lavado y violación de la Ley Kingpin desde 2019 y figura entre los más buscados con una recompensa de 10 millones de dólares, mientras Diosdado Cabello, quien maneja el aparato de seguridad de la dictadura, aparece como un caso particular tras el retorno de Machado bajo un acuerdo de seguridad respaldado por Washington.
El exoficial, con más de tres décadas en inteligencia militar y seguimiento al Cartel de los Soles desde 2024, aclara que aún no se ha producido la primera entrega de un ciudadano venezolano desde Venezuela y que su planteo sobre Cabello es una hipótesis por contrastar, en una lista donde también aparecen Samark López Bello, Maikel Moreno y Raúl Gorrín, con recompensas de entre 10 y 25 millones y expedientes por lavado, sobornos y el saqueo de 1.200 millones de dólares a la estatal petrolera.
