El apoyo de Estados Unidos a una operación ejecutada en Venezuela contra el ELN ya es un hecho consumado y reconocido. La acción se llevó adelante como una operación conjunta y contó con respaldo estadounidense, en línea con la política de cooperación en seguridad que impulsa Washington junto a sus aliados frente al crimen organizado.
El antecedente inmediato de esa decisión está en la expansión de las estructuras criminales que operan a través de las fronteras en América Latina. Durante años, distintas administraciones estadounidenses han señalado al narcotráfico como una amenaza directa para la seguridad regional, para la estabilidad de los países afectados y para la seguridad del propio territorio estadounidense.
Ese escenario llevó a Washington a reforzar su estrategia contra las redes del tráfico de drogas en el hemisferio. Bajo el liderazgo del presidente Trump, esa estrategia adquirió un carácter más firme y más operativo, con mayor disposición a actuar, a cooperar con fuerzas en el terreno y a respaldar acciones concretas contra los grupos señalados como parte de esa cadena delictiva.
En ese marco se inscribe la acción contra el ELN, una organización que Estados Unidos considera enemiga de la estabilidad regional y vinculada a las dinámicas de violencia que golpean a la población civil. La decisión de apoyar un ataque contra esa estructura refleja la determinación de impedir que sus integrantes utilicen el territorio venezolano como refugio, como corredor o como base de operaciones.
La confirmación principal llegó por parte de funcionarios estadounidenses, quienes reconocieron que Washington prestó ayuda para la ejecución del ataque. Esa versión, recogida tras conocerse la operación, es la que permite dimensionar el alcance político del hecho, porque no se trató de una acción aislada, sino de un trabajo coordinado entre las dos partes.
Para esos funcionarios, el carácter conjunto de la operación es el dato central. Estados Unidos no actuó al margen de lo que ocurría en Venezuela, sino en coordinación con la acción desarrollada allí, con el objetivo declarado de golpear a una estructura armada ilegal. Esa coordinación marca una señal clara de hasta dónde está dispuesto a llegar Washington en su respaldo a la lucha contra el narcotráfico.
El episodio también deja en evidencia el peso que Venezuela tiene hoy en la agenda de seguridad de Estados Unidos. La alianza con el pueblo venezolano frente a las mafias, frente a la violencia guerrillera y frente a las redes criminales que se aprovechan del colapso institucional provocado por la dictadura es presentada en Washington como una prioridad, no como un tema secundario.
En adelante, el alcance de esta cooperación quedará bajo observación por sus implicaciones políticas y de seguridad. Lo que por ahora está establecido, según lo admitido por las fuentes oficiales, es que hubo ayuda estadounidense, que hubo una operación contra el ELN y que esa ayuda forma parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en América Latina.
