Ninguna farmacia gestionada por actores privados ha comenzado a operar oficialmente en Cuba, a pesar de que la dictadura cubana autorizó esa figura en julio pasado como supuesta salida al desabastecimiento generalizado de fármacos. A principios de septiembre, el Minsap de la dictadura informó que se preparaban las condiciones para esas aperturas y que se evaluaban 36 proyectos para prestar servicios farmacéuticos y vender medicamentos, pero ese anuncio sigue sin concretarse.
Esa autorización forma parte de un paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio para liberalizar parcialmente la economía, luego de décadas de control estatal centralizado sobre las farmacias. La medida permitió en el papel que empresarios privados administraran esos establecimientos, dentro de un esquema que mantiene los negocios bajo la supervisión del aparato estatal y que hasta ahora no ha producido resultados visibles para los pacientes.
En medio de ese estancamiento, el jefe de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel, se refirió al tema este miércoles en su espacio radial Criterio Compartido, al responder la inquietud de un ciudadano sobre la dificultad para conseguir fármacos. Allí admitió las penurias de la población para obtener tratamientos y reconoció que el suministro atraviesa uno de sus peores momentos.
Díaz-Canel aseguró que el problema obedece a la imposibilidad de acceder a divisas para comprar materias primas y productos terminados, una carencia que atribuyó al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. También sostuvo que el sector biofarmacéutico figura entre los más golpeados por esas restricciones y dijo que la dictadura ha buscado atajos, como permitir la entrada de medicamentos por vía aduanera.
Insistió en que la isla dispone de una industria biotecnológica capaz de fabricar la mayor parte de los productos necesarios si contara con recursos para adquirir insumos. Citó cifras oficiales según las cuales el cuadro básico incluye 651 renglones, con 250 importados y 401 de fabricación nacional, y afirmó que la falta de acceso a divisas impide obtener el 70% de los fármacos requeridos.
En la segunda parte de su intervención, Díaz-Canel cargó contra la venta informal de medicinas y acusó a personas que, según dijo, comercian de manera especulativa y abusiva, con precios elevados que agravan la situación de los ciudadanos comunes. Al mismo tiempo defendió como alternativa la participación de actores privados en negocios controlados por el Estado para la apertura de farmacias, sin explicar por qué esa promesa continúa paralizada.
El atraso en la puesta en marcha confirma que el anuncio de julio no ha cambiado la vida cotidiana de los enfermos, obligados a recorrer farmacias vacías o a pagar precios exorbitantes en el mercado informal. La propia dictadura reconoce que la gestión privada de farmacias estuvo prohibida durante décadas y que su retorno depende ahora de autorizaciones, inspecciones y proyectos que avanzan con lentitud extrema.
El reconocimiento del desabastecimiento ocurre en medio de una crisis energética y económica profunda, con apagones prolongados, transporte público casi paralizado, servicios hospitalarios mínimos y un alza generalizada de precios de alimentos y medicinas fuera de los canales oficiales. Se trata de una policrisis que la dictadura arrastra desde hace seis años y que se agravó desde enero con la parálisis de la economía estatal por falta de petróleo y recursos.
