Los niños de La Batea y Punta Brava perdieron de golpe su único espacio protegido para estudiar porque sus maestros y sus familias tuvieron que abandonar la zona para salvar la vida. Las aulas quedaron vacías en la práctica, la rutina escolar se rompió y la comunidad quedó marcada por el miedo a moverse, a hablar y a regresar.
La interrupción de las clases va mucho más allá de un plantel cerrado. Significa menores sin continuidad educativa, sin acompañamiento diario de sus docentes y expuestos a quedar a la deriva en un territorio controlado por hombres con fusiles. Para la infancia, ese quiebre abre la puerta al desplazamiento forzado, al reclutamiento, a la explotación y a la pérdida de todo referente de normalidad.
Las madres, los padres y los educadores que salieron lo hicieron sin garantías de retorno ni de atención en otro lugar. Dejaron atrás viviendas, enseres y el tejido de la vida indígena del municipio Cedeño, en el estado Bolívar, mientras persisten los controles sobre los habitantes, las amenazas y las retenciones. El temor se instaló en la vida cotidiana y la escuela ya no representa resguardo.
Lo que provocó ese vaciamiento, según la denuncia formulada por Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, fue la ocupación de la sede local de Fe y Alegría por presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Los señalados habrían tomado las instalaciones del centro educativo en esa zona minera del sur del país, convirtiendo un lugar de aprendizaje en un punto bajo dominio irregular.
El hecho no surgió de la nada. Trapani, quien también es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, recordó que hace un año el propio Estado admitió que miembros del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC actuaban en Los Pijiguaos, el mismo sector donde ya se había producido un asalto contra esa red escolar. En agosto pasado, portavoces indígenas denunciaron el secuestro y el homicidio del dirigente local Julio Rodríguez a manos de esos grupos, que además habrían agredido a pobladores con drones y artefactos explosivos.
En esa misma región se reportaron sobrevuelos de aeronaves militares venezolanas con el propósito de enfrentar al ELN. Ese despliegue estuvo acompañado de la evacuación de la empresa estatal CVG Bauxilum Los Pijiguaos, que según testimonios recogidos por medios locales quedó casi paralizada por las intimidaciones de los criminales que operan en el área minera.
Casi al mismo tiempo de la incursión en Bolívar circuló una versión no confirmada de manera oficial sobre una supuesta operación de la Fuerza Armada Nacional contra un presunto depósito de drogas atribuido al ELN en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Sobre ese supuesto ataque tampoco hubo pronunciamiento de las autoridades.
Hasta el momento, la dictadura que encabeza Delcy Rodríguez no ha fijado posición sobre ninguno de esos episodios. Trapani subrayó que las instancias oficiales conocían la gravedad en la zona desde octubre de 2025 y sostuvo que la protección de la niñez exige anticiparse antes de que la violencia alcance una escuela. Reclamó resguardar a familias y docentes, ubicar a los menores en peligro, asegurar la enseñanza, impedir el reclutamiento y la explotación, asistir a quienes huyeron e investigar lo ocurrido.
