La reforma tributaria anunciada por Delcy Rodríguez continúa sin contenido público, cronograma conocido ni medidas concretas. Ningún representante del gobierno interino ha explicado hasta ahora qué impuestos cambiarían, cuáles serían eliminados o cómo se modificarían las obligaciones fiscales de empresas y trabajadores.
Rodríguez, en su condición de presidenta encargada, comunicó la iniciativa el 8 de octubre durante la asamblea anual de Fedecámaras. Aseguró entonces que el propósito era armonizar la carga fiscal para favorecer el crecimiento económico y la producción privada, además de reorganizar responsabilidades laborales tanto del sector público como del privado.
El anuncio se produce después de otra promesa de reorganización que permanece sin resultados divulgados. En mayo, Rodríguez creó la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno y encargó su conducción al ministro de Educación, Héctor Rodríguez. La instancia disponía de 90 días para presentar una propuesta sobre la estructura gubernamental, pero el régimen no ha publicado documento alguno.
También existe un antecedente en materia de coordinación fiscal territorial. Nicolás Maduro promulgó en 2023 la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Pese a ello, Fedecámaras sostiene que la voracidad recaudatoria regional y municipal continúa empujando a empresarios y comerciantes hacia la informalidad.
Ante ese escenario, el abogado tributarista, profesor universitario y expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, advirtió que una reforma auténtica requiere necesariamente reestructurar el Estado venezolano. También pidió evitar que la premura por aprobar cambios antes de finalizar el año derive en una ley habilitante, medidas fiscales populistas o una mayor concentración de poder.
Palacios puso bajo cuestionamiento el financiamiento de las comunas, promovidas por la dictadura chavista como base de un llamado Estado comunal pese a que esa figura no está contemplada en la Constitución. Propuso suprimir las contribuciones parafiscales sostenidas por razones políticas y reclamó un sistema real de seguridad social, acompañado por reformas institucionales y fondos que no terminen destinados al gasto corriente.
Entre los gravámenes que considera necesario eliminar figura la contribución especial de protección a la seguridad social, promulgada por Maduro en mayo de 2024. Su monto fue fijado en 9% del total pagado por cada contribuyente a sus trabajadores mediante salarios y bonos sin carácter salarial.
El experto también señaló al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que aplica 3% a cualquier pago en divisas. La dictadura lo utilizó para intentar contener la dolarización de facto, pero, según Palacios, terminó operando como un IVA acumulativo: quien paga en dólares debe asumir simultáneamente ambos tributos. En materia de IVA, defendió reducir exenciones y exoneraciones, ordenar el gasto social y disminuir las alícuotas para ampliar la base de contribuyentes.
Para estados y municipios, Palacios planteó una armonización que respete sus autonomías y reformule las relaciones fiscales entre niveles de gobierno. Esto abarcaría el situado constitucional destinado a gobernaciones y alcaldías, las asignaciones económicas especiales y un fondo para distribuir ingresos tributarios provenientes de hidrocarburos. Asimismo, sostuvo que el Impuesto sobre la Renta debe servir para moderar la incidencia fiscal, impedir rechazos abusivos de deducciones por bienes y servicios necesarios y excluir los dividendos de la base imponible, con el objetivo de atraer inversión y reducir la doble tributación económica conforme a las regulaciones de cada sector.
