Ricardo Rafael Castillo Garriga fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel tras admitir los delitos imputados, pero su familia contrapone a esa decisión que las experticias de los teléfonos no encontraron elementos incriminatorios y que nunca se aclararon las fallas de seguridad que rodearon la desaparición de una caja fuerte de la Gobernación de Apure.
La causa 2G-00667-2026 está en el Tribunal Segundo de Ejecución de San Fernando de Apure, dirigido por la jueza Fanny Córdova. Castillo, antiguo administrador de la Gobernación, permanece en la cárcel “26 de Julio”, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico. También fue detenido y condenado Miguel Eduardo Mirabal Díaz, quien era su asistente y persona de confianza.
Ana Beatriz Laya Flores, esposa de Castillo, solicita revisar el expediente, anular la sentencia y restituir el buen nombre de ambos hombres. Asegura que la admisión ocurrió bajo presión y en condiciones de indefensión: según su relato, la jueza les advirtió que un juicio podía prolongarse, que no vencerían al Gobierno y que arriesgaban una pena mínima de quince años, mientras que aceptar los cargos supondría cinco años. Las nulidades solicitadas por la defensa fueron rechazadas.
Castillo acumula más de tres años de cumplimiento físico, además de cuatro meses de redenciones que, según su familia, ya están certificados y validados. Con ese cálculo habría superado la mitad de la condena. Laya afirma que dispone de evaluación conductual, valoración psicosocial, antecedentes penales y una carta de buena conducta. También invoca la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026 para pedir que se examine una posible persecución política selectiva.
La esposa denuncia que el aparato judicial de la dictadura manejó el expediente mediante decisiones políticas y convirtió a Castillo en un “chivo expiatorio” para ofrecer una respuesta rápida ante las deficiencias de vigilancia. Afirma que abogados, funcionarios judiciales y personas con influencia a quienes acudió le dijeron que existía una orden para mantener presos a los acusados. Asimismo, cuestiona que se agregara el cargo de agavillamiento mediante la incorporación de Mirabal al proceso.
La familia señala que la sede gubernamental tenía custodia permanente y presencia policial, pero las cámaras dejaron de operar durante los días relevantes. También pregunta por qué Castillo habría retirado la caja completa si conocía su clave. Laya vincula lo sucedido con otros casos que califica como “falsos positivos” en Apure y menciona la participación del mismo organismo investigador y del mismo fiscal. Identifica como denunciante a Vanessa Zelle, secretaria ejecutiva, y afirma que dos administradores fueron encarcelados durante la gestión de Germán Eduardo Piñate Rodríguez, dirigente cercano a Nicolás Maduro.
Como parte de su defensa, Laya menciona imágenes del 19 de junio de 2023 en las que Castillo y Mirabal salían con una bolsa de alimentos de un “susu”, posteriormente entregada a la suegra del exadministrador. El 23 de junio Castillo tenía preparada el acta para dejar el cargo, pero su sustituto habría postergado la recepción por “compromisos en Caracas”. Un testigo afirmó que el 24 de junio vio dinero dentro de la caja cuando Castillo entregó fondos para comprar una motocicleta. La esposa sostiene que él pasó el 25 de junio en casa y que registros telefónicos podrían confirmar contactos de la secretaria ejecutiva y la directora del despacho.
El conflicto comenzó el 26 de junio de 2023, cuando Castillo advirtió que la caja había desaparecido de su oficina. Dentro habría 120 mil dólares destinados a reparar un puente, aunque otras versiones atribuyen el efectivo a la recaudación de una estación de servicio administrada por la Gobernación. Tras no localizar a su superior, Castillo denunció ante el CICPC; luego recibió instrucciones de volver a su despacho, donde lo retuvo la DGCIM, mientras la denuncia fue desestimada. Permaneció varios días sin juez ni abogados y el 1 de julio de 2023 recibió la medida privativa de libertad. La administración de Piñate nunca explicó el origen del efectivo ni cómo pudo desaparecer bajo vigilancia. Ahora las familias de Castillo y Mirabal reclaman justicia, libertad plena y el fin del daño causado por la reclusión.
