La Constitución venezolana establece en su artículo 69 que los ciudadanos del país no pueden ser extraditados. Esa protección jurídica se ha convertido en un elemento central ante las versiones de que la dictadura chavista podría entregar a Estados Unidos a Tareck El Aissami, exvicepresidente y antiguo ministro de Petróleo.
Dos especialistas advirtieron que una solicitud penal de otro Estado no puede resolverse mediante una simple medida administrativa. Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, explicó que la Ley de Extranjería y Migración limita la deportación de extranjeros a supuestos específicos y que una petición extranjera por una causa penal debe tramitarse como extradición.
El penalista Alberto Arteaga Sánchez coincidió en que, cuando otro país reclama a una persona por presuntos delitos, corresponde aplicar ese procedimiento judicial. También sostuvo que la deportación de un extranjero no puede emplearse para reemplazarlo, una discusión que cobró fuerza después de las entregas de Alex Saab y Álvaro Pulido a territorio estadounidense.
En ese escenario, fuentes periodísticas atribuyeron a El Aissami una declaración en la que asegura que no renunciará a su nacionalidad venezolana. El exfuncionario habría expresado que desea dejar constancia de esa decisión porque no quiere ser extraditado y que, si finalmente lo trasladan, no ocurrirá por petición suya.
El Aissami enfrenta un juicio por el desfalco de al menos 5 mil millones de dólares en Petróleos de Venezuela. Durante la última semana se conoció que su expediente incorporó imputaciones por apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. El exjerarca, considerado durante años uno de los hombres fuertes del chavismo, cayó en desgracia en 2024.
El Departamento de Estado ofrece además una recompensa de 10 millones de dólares por información relacionada con El Aissami, requerido por acusaciones de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones. Mientras permanece detenido, ha denunciado haber sufrido malos tratos.
El precedente de Saab alimenta las dudas sobre las maniobras que podría utilizar la dictadura. Antes de enviarlo a Florida, las autoridades chavistas desconocieron su nacionalidad venezolana. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y secretario general del PSUV, afirmó que la cédula presentada por Saab carecía de validez y respaldo en el Saime, por lo que fue tratado como extranjero.
Sin embargo, la nacionalidad de Saab había quedado reflejada en la Gaceta Oficial firmada por Nicolás Maduro para autorizar su nombramiento como ministro. El empresario nacido en Barranquilla también votó en las cuestionadas presidenciales del 28 de julio de 2024. Pulido, socio suyo e involucrado en la misma causa de El Aissami, tendría únicamente ciudadanía colombiana.
La administración de Delcy Rodríguez, descrita como interina en la fuente, envió a Saab mediante un trámite administrativo y evitó llevar el caso ante los tribunales, en el contexto de su nueva relación con Washington. Tras esa actuación y la deportación de Pulido, aumentaron de inmediato los rumores de que El Aissami sería el próximo entregado. Su negativa a perder la nacionalidad busca cerrar esa vía, pero abre una disputa legal sobre cualquier eventual traslado a Estados Unidos.
