Los hogares, los establecimientos considerados esenciales y las plantas térmicas que sostienen parte de la generación eléctrica quedaron colocados en el primer lugar de la fila del gas natural, mientras el resto de los consumidores debió someterse a un reparto con límites estrictos que alteró la operación cotidiana del sistema energético.
Para esas familias y para los operadores de las centrales, la medida implicó conservar un flujo protegido en medio de una oferta reducida, con ajustes, reprogramaciones y vigilancia permanente sobre el volumen efectivamente despachado hacia cada segmento del mercado.
El panorama empezó a cambiar en horas nocturnas del sábado treinta y uno de octubre, cuando la Sociedad Portuaria El Cayao comunicó que su infraestructura flotante anclada en Cartagena había vuelto a quedar habilitada para procesar el volumen máximo que habitualmente maneja, superior a los quinientos treinta millones de pies cúbicos por cada jornada.
Ese retorno al tope se produjo después de un periodo en el cual la instalación funcionó de manera parcial, con un techo cercano a los cuatrocientos millones de pies cúbicos por día, lo que significó dejar de entregar cada jornada alrededor de ciento treinta y tres millones respecto de su rendimiento acostumbrado.
La limitación temporal estuvo vinculada con una intervención correctiva sobre una de las cuatro líneas de vaporización de la plataforma de almacenamiento y transformación del combustible, una labor que el operador logró cerrar en menos tiempo que el lapso de siete a ocho jornadas que había estimado al comienzo.
El origen inmediato del ajuste se remonta al veintiséis de octubre, cuando fue identificado el desperfecto que redujo la disponibilidad de la terminal y que condujo a la cartera de Minas y Energía a ordenar un racionamiento planificado a través de la Resolución 40585, un acto administrativo que blindó las entregas destinadas a residencias, a demandantes prioritarios y a la generación térmica.
Lo ocurrido no era un episodio aislado, porque en septiembre la misma infraestructura ya había sufrido un percance operativo que obligó a recortar de forma transitoria su desempeño y a aplicar un esquema similar de distribución controlada, un esquema que permaneció vigente hasta el día veintinueve de ese mes, cuando las condiciones permitieron desactivarlo.
Con la reparación concluida, la traba técnica que dio pie a la restricción más reciente quedó superada en el plano operativo, pero la normalización plena todavía no es automática, pues la decisión formal de poner fin al reparto recae en la cartera energética, que deberá comprobar que el abastecimiento es estable antes de emitir el acto de cierre.
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