El Tribunal Supremo de Estados Unidos todavía debe decidir si acepta examinar el proceso migratorio de Mahmoud Khalil, una determinación que podría demorarse varios meses. Si rechaza intervenir o confirma el fallo vigente del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, el activista palestino podría ser detenido nuevamente y posteriormente deportado.
Khalil presentó este lunes una solicitud para que los magistrados invaliden la decisión adoptada por esa corte de apelaciones. Su defensa sostiene que la posible expulsión del país vulneraría su libertad de expresión. La controversia también podría establecer un precedente para otras personas retenidas dentro del sistema migratorio, administrado por el Poder Ejecutivo y no por la rama judicial.
El activista, de 31 años, tiene residencia legal en Estados Unidos y está casado con una ciudadana estadounidense. Fue arrestado en marzo de 2025 y permaneció durante 104 días en una instalación migratoria de Luisiana. Michael Farbiarz, juez federal de Nueva Jersey, ordenó después que fuera puesto en libertad al considerar que la detención podía ser inconstitucional por haberse sustentado en su discurso durante las protestas.
Sin embargo, en enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, anuló la decisión que permitió su liberación. Esa instancia concluyó que Farbiarz no tenía jurisdicción para disponer su salida del centro migratorio, una resolución que dejó abierta la posibilidad de que Khalil vuelva a quedar bajo custodia.
El caso se remonta a las movilizaciones universitarias de comienzos de 2024 contra la guerra de Israel en Gaza. Khalil estudiaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y fue uno de los dirigentes de las protestas descritas como pro Hamás. Las manifestaciones derivaron en disturbios, ataques contra alumnos de origen judío y daños materiales. Columbia se convirtió entonces en el principal foco de un movimiento propalestino que se extendió por campus de todo Estados Unidos.
En una conferencia virtual, Khalil afirmó que su batalla no se limita a permanecer en territorio estadounidense, sino que también busca determinar si alguien puede defender a los palestinos sin recibir castigo. Según declaraciones recogidas por la edición estadounidense de The Guardian, acusó al Gobierno de Donald Trump de intentar evitar que los tribunales federales revisen su situación y de dirigir el expediente hacia cortes migratorias que, en su opinión, permiten a la Administración controlar el desenlace.
La Casa Blanca respondió que actuó dentro de las atribuciones otorgadas por la Constitución y las leyes. Además, equiparó el tratamiento del caso con el aplicado a cualquier extranjero que, según el Gobierno, promueva actos violentos, respalde o glorifique a terroristas, hostigue a personas judías y provoque daños a propiedades.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había defendido en 2025 que el arresto no constituía un conflicto relacionado con la libertad de expresión. Aseguró que el asunto involucraba apoyo a un grupo terrorista y sostuvo, tras la detención, que esas personas no tenían derecho a permanecer en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional también afirmó que Khalil desarrolló actividades vinculadas con Hamás, organización considerada terrorista.
