Las personas menores de 18 años son el grupo protegido por una nueva disposición federal que restringe su acceso a material violento para adultos en las plataformas digitales. La medida contempla el retiro inmediato de esas publicaciones y abre la puerta a consecuencias para las empresas tecnológicas que incumplan.
El alcance de la regulación busca responder a la preocupación social por los posibles efectos emocionales y psicológicos de la violencia digital en niños y adolescentes. De acuerdo con lo establecido, el contenido informativo o de interés público no quedaría afectado cuando se encuentre debidamente identificado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto anunciado este martes, con el cual las redes sociales deberán remover material de carácter violento dirigido a menores o clasificado para adultos que pueda ser consultado por ellos. La decisión se incorpora a una estrategia gubernamental más amplia sobre el entorno digital, que también incluye iniciativas relacionadas con ciberseguridad y protección de datos personales.
Las sanciones concretas todavía no fueron detalladas. No obstante, fuentes oficiales señalaron que las autoridades podrían aplicar multas económicas e incluso suspender temporalmente los servicios de las plataformas que desatiendan la obligación. Se prevé que el reglamento correspondiente sea publicado durante los próximos días para definir los mecanismos de denuncia, comprobación y eliminación.
Antes de la firma se realizaron varias reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y representantes de las principales redes sociales. Según la información disponible, las compañías habrían expresado voluntad de colaborar, aunque pidieron criterios más precisos para poner en práctica las nuevas obligaciones.
Organizaciones dedicadas a defender los derechos de la infancia valoraron favorablemente la decisión, pero condicionaron sus resultados a una supervisión eficaz y al compromiso de las empresas. Una representante de una ONG especializada en espacios digitales seguros la calificó como “un avance significativo” y reclamó procedimientos claros para comprobar que el material sea retirado y evitar que reaparezca en otras plataformas.
Especialistas en libertad de expresión, por otro lado, plantearon dudas sobre la amplitud del concepto de “contenido violento” y el riesgo de que sea interpretado de manera arbitraria. El decreto acota la restricción al material destinado a adultos que permanezca al alcance de menores, una precisión con la que se pretende excluir publicaciones periodísticas o de relevancia pública correctamente señalizadas.
Con esta decisión, México se incorpora a las acciones restrictivas promovidas en Australia, Reino Unido y algunos estados de Estados Unidos para reducir la exposición infantil a contenidos nocivos. Su impacto dependerá de cómo se definan los lineamientos pendientes, de la capacidad oficial para vigilar su cumplimiento y de que las plataformas impidan el desplazamiento del material hacia otros servicios.
