El Congreso tendrá en sus manos la revisión de una iniciativa que plantea cambios en materia tributaria, cotizaciones, gasto estatal y administración de activos públicos. El alcance de esas disposiciones abrió desde ahora una discusión sobre quién asumirá el costo del ajuste fiscal y qué correcciones deberán introducirse durante el trámite legislativo.
Hernán Cadavid anunció un examen minucioso del articulado y anticipó que probablemente será necesario modificar varios puntos. El senador sostuvo que el Legislativo debe encontrar salidas a la crisis sin trasladar las cargas más severas a la clase media, uno de los sectores que, según advirtió, suele resultar más afectado.
María Clara Posada fue más contundente y adelantó que no apoyará incrementos impositivos para las familias trabajadoras. Afirmó que la propuesta eleva obligaciones relacionadas con renta y seguridad social, además de gravar productos básicos. También cuestionó que tabletas y computadores para estudiar puedan quedar sujetos a un IVA del 19 %, y reclamó una reducción más fuerte del gasto público.
La controversia comenzó después de que el Gobierno nacional radicara formalmente, el 29 de octubre, el proyecto de Ley de Rescate Económico. La administración presentó el texto con el propósito de estabilizar unas finanzas nacionales golpeadas por las decisiones fiscales del gobierno anterior, pero defensores y detractores reaccionaron de inmediato ante sus posibles efectos.
Posada citó cálculos según los cuales, por cada $100 del ajuste fiscal proyectado para 2030, $35 corresponderían a recortes y $64 a impuestos y cotizaciones. La congresista planteó reducir el funcionamiento estatal en un monto equivalente al 3 % del PIB, en lugar de financiar lo que calificó como derroche mediante nuevas obligaciones para los ciudadanos.
Desde el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo también rechazó la distribución del esfuerzo. Señaló que café, avena, aseo y vigilancia pasarían de un IVA del 5 % al 19 % a partir de 2028. Agregó que comenzarían a declarar renta personas con ingresos cercanos a $5 millones mensuales, frente al umbral actual de $9 millones, y que habría mayores aportes a salud para quienes reciban más de dos salarios mínimos. En contraste, afirmó que la tarifa para las grandes empresas bajaría del 35 % al 31 %. Además, alertó sobre facultades solicitadas para eliminar entidades y vender activos estatales.
Carlos Meisel pidió estudiar el proyecto sin respuestas impulsivas y consideró necesario debatir la ampliación de la renta personal gravable, aunque recordó que una iniciativa similar provocó una grave reacción en 2021. También criticó el hermetismo previo a la radicación, instó al Gobierno del presidente Abelardo a incorporar personas con experiencia y sostuvo que las decisiones difíciles deben explicarse con claridad a la ciudadanía.
Enrique Gómez, por su parte, respaldó la llamada Ley del Rescate Fiscal. Aseguró que la deuda heredada consume uno de cada tres pesos de los ingresos nacionales y defendió el paquete como una vía para sanear las cuentas públicas, impulsar el empleo y reactivar el país. La consecuencia inmediata será una revisión legislativa marcada por el choque entre quienes exigen proteger a trabajadores y clase media, quienes cuestionan los alivios empresariales y quienes consideran indispensable aprobar medidas severas frente a la crisis fiscal.
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