3.000 pesos de multa, siete instrumentos de labor decomisados y dos reporteros capturados en menos de 48 horas resumen la nueva escalada de la dictadura cubana contra la prensa que trabaja fuera del control oficial. No se trata de sanciones aisladas, sino de castigos económicos, despojo de medios para informar y encierro físico aplicados de forma combinada.
Ese monto, equivalente a unos 125 dólares según la tasa citada en la denuncia, se impuso bajo una norma usada para penalizar contenidos difundidos en redes y plataformas digitales. Para un periodista que vive de contar lo que los medios estatales ocultan, perder la computadora, el teléfono, la cámara, los trípodes, los audífonos y el micrófono equivale a quedarse sin redacción. El mensaje del poder es directo: informar por cuenta propia cuesta dinero, cuesta herramientas y cuesta libertad.
En ese contexto se produjo la captura de Camila Acosta, colaboradora de un portal independiente con sede fuera de la isla. La comunicadora caminaba por una calle del municipio Plaza, en la capital, junto a su gata, rumbo a una cita veterinaria, cuando fue interceptada por uniformados. Según la denuncia divulgada, se desconocía inicialmente hacia dónde había sido conducida.
Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, explicó que un vecino logró poner a salvo al animal, que quedó abandonado en plena vía tras el operativo. Relató que la reportera fue esposada e introducida por la fuerza en un vehículo policial. Otros habitantes del lugar, de acuerdo con ese testimonio, protestaron por el procedimiento. La respuesta de los uniformados fue alegar una supuesta agresión a un pariente de una partidaria del oficialismo, sin que se conociera una imputación formal.
La víspera, el también colaborador de ese mismo medio Adelth Bonne Gamboa había sido interceptado en las inmediaciones de su domicilio, en la barriada de Santos Suárez, en Diez de Octubre. El comunicador denunció que fue sujetado con esposas muy ajustadas, subido a un carro policial y golpeado en el rostro tras gritar una consigna contra la dictadura. Permaneció alrededor de tres cuartos de hora bajo interrogatorio antes de ser liberado, pero salió con la multa mencionada y sin sus equipos de trabajo.
Ese episodio no surgió de la nada. Semanas antes, el 20 de octubre, Bonne había sido citado a una estación de la barriada de Aguilera, donde funcionarios del aparato de inteligencia le habrían ordenado romper todo vínculo con el portal. Allí, según su relato, le atribuyeron un supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional y le advirtieron que podía terminar en prisión si continuaba publicando.
Acosta arrastra un largo expediente de asedio. En 2021 pasó cuatro jornadas privada de libertad tras dar cobertura a las manifestaciones del 11 de julio. En abril de 2024 fue arrestada en Cárdenas, Matanzas, cuando intentaba visitar a parientes de reos por motivos políticos. Durante 2026, una entidad que vigila ataques a la libertad de prensa registró cercos frente a su casa en agosto y septiembre. La sucesión de arrestos, citaciones, multas y decomisos revela una estrategia para dejar sin voz a quienes documentan detenciones, abusos y penurias cotidianas, y para advertir al resto de la sociedad que mirar y contar también se castiga.
