El día 28 está prevista en la Asamblea General de Naciones Unidas una nueva votación sobre el embargo estadounidense, mientras Washington intensifica simultáneamente su presión diplomática y financiera contra el régimen de La Habana. En vísperas de esa cita, el vocero de la dictadura castrista, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Marco Rubio de “chantajear” a distintos países para conseguir que cambien su posición.
La disputa por esos votos se produce dentro de una estrategia estadounidense más amplia, endurecida desde enero con medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias. El objetivo señalado en ese contexto es aumentar la presión sobre el régimen castrista para propiciar un cambio político en Cuba.
Como parte de esa ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó este jueves la imposición de sanciones al Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), una institución estatal. Washington acusa a esa entidad de proporcionar servicios al banco iraní Karafarin.
La decisión conecta directamente la política de presión sobre La Habana con las medidas que el Departamento del Tesoro mantiene contra participantes del sistema financiero de Irán. Según la explicación de Rubio, la sanción a BICSA se incorpora a las acciones ya dirigidas contra actores financieros iraníes.
Rubio sostuvo en su comunicado que el régimen socialista cubano funciona como plataforma para actores hostiles y organizaciones terroristas, entre ellos el régimen iraní. El secretario de Estado describió a Irán como genocida y como el principal patrocinador estatal del terrorismo a escala mundial, y afirmó que esas estructuras buscan atacar a Estados Unidos.
El funcionario también invocó la postura del presidente Donald Trump frente a lo que llamó “fuerzas extrahemisféricas”. De acuerdo con Rubio, esos actores pretenden extender en la región influencias que calificó de “antiamericanas”, un escenario ante el cual aseguró que Trump había sido “absolutamente claro”.
La sanción contra BICSA se suma a decisiones adoptadas durante los últimos meses contra figuras y organismos vinculados al poder cubano. Washington ha aplicado medidas al designado gobernante Miguel Díaz-Canel, a integrantes de la familia de Fidel Castro, a la petrolera estatal CUPET, así como a ministerios y otras entidades del Estado.
La nueva acción amplía así el alcance de la campaña estadounidense: no se limita a dirigentes, dependencias gubernamentales o al sector petrolero, sino que alcanza a una institución bancaria cubana por sus presuntos servicios a una entidad iraní. Su aplicación refuerza el cruce entre la presión sobre La Habana y la ofensiva financiera contra Teherán, mientras continúa la confrontación diplomática por la votación del día 28 en Naciones Unidas.
