Profesores, estudiantes y autoridades académicas se movilizaron este jueves en Buenos Aires para exigir al Gobierno de Javier Milei que respete el financiamiento de las universidades públicas. La protesta, de carácter multitudinario, culminó abruptamente en medio de la represión policial con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
El reclamo no es nuevo. Seis votaciones del Congreso aprobaron y luego revalidaron la ley de financiamiento universitario, y cuatro fallos judiciales ordenaron cumplir la norma. A pesar de ello, el Gobierno se niega a restituirles a las universidades públicas los fondos que les está recortando desde hace casi tres años.
En el acto de cierre, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, expresó la frustración de los presentes: “¿Qué más quieren que hagamos para encontrar respuestas? ¿Cuáles son las formas, cuánta paciencia hay que tener?”, se preguntó ante la multitud.
La jornada había comenzado con una convocatoria amplia que reunió a distintos sectores de la comunidad educativa. La movilización se desarrolló en un clima de reclamo sostenido por la restitución de los fondos recortados, una demanda que cuenta con el respaldo del Congreso y de fallos judiciales, pero que el Ejecutivo aún no ha atendido.
El desenlace de la protesta, con la represión policial, marcó un nuevo capítulo en el conflicto entre el sector universitario y el Gobierno nacional. Los manifestantes se retiraron tras ser dispersados por las fuerzas de seguridad, en una escena que generó condenas y preocupación.
El reclamo de fondo sigue sin resolverse: la restitución de los fondos recortados a las universidades públicas. La insistencia del sector educativo y las decisiones judiciales y legislativas contrastan con la negativa del Gobierno a cumplir con la norma, lo que mantiene abierta una disputa que parece lejos de encontrar una salida.
La movilización de este jueves evidenció la persistencia de un conflicto que involucra a miles de personas y que tiene como eje el financiamiento de la educación superior. Mientras el Gobierno no restituya los fondos, la tensión entre las universidades y el Ejecutivo continuará siendo un tema central en la agenda pública.
