Unos 627.750 venezolanos figuraban como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal en junio de 2026, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para esa población, el desenlace de una disputa judicial podría determinar si recupera protección frente a la deportación y autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
El TPS, establecido por el Congreso estadounidense en 1990, ampara temporalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias peligrosas. La secretaria de Seguridad Nacional tiene autoridad para conceder o cancelar una designación. En el caso venezolano, el proceso adquiere especial relevancia para quienes quedarían expuestos a la deportación mientras continúa la dictadura en su país.
El acontecimiento central ocurrió el viernes: los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone, integrantes de un panel del Noveno Circuito, rechazaron unánimemente el intento de la administración de Donald Trump de mantener suspendido el amparo. La resolución, correspondiente al caso 25-5724, permite que la orden favorable a los beneficiarios pueda recuperar vigencia el 6 de noviembre de 2026.
Eso no significa que el TPS ya haya sido restaurado. La suspensión impuesta por la Corte Suprema en octubre de 2025 vence ese día, pero el Gobierno todavía puede presentar una apelación de emergencia. Si el máximo tribunal acepta intervenir antes de la fecha límite, podría prolongar nuevamente el bloqueo, advirtió la National TPS Alliance.
El Noveno Circuito también negó una petición alternativa del Gobierno para conceder una pausa administrativa de por lo menos 21 días. Además, anunció que establecerá un cronograma acelerado para estudiar el fondo del litigio. La abogada de inmigración Khatia Quiros explicó a Noticias Telemundo que el tribunal encontró un error en la manera de cancelar el TPS, incluso al aplicar los parámetros de la Corte Suprema, aunque recalcó que no existe todavía una decisión definitiva.
La controversia comenzó con una demanda de la Alianza Nacional TPS. Un tribunal federal del Norte de California concluyó que Kristi Noem, entonces secretaria del DHS, excedió sus atribuciones cuando anuló una extensión previamente concedida y optó por terminar la designación de Venezuela. La medida eliminó el beneficio que impedía deportaciones y permitía trabajar legalmente.
El expediente sufrió otro giro el 5 de octubre de 2026. Ese día, la Corte Suprema aplicó al caso venezolano el precedente Mullin v. Doe, decidido en junio por seis votos contra tres. El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia favorable emitida por el Noveno Circuito y devolvió el asunto para que fuera revisado. También ese día, el Gobierno pidió conservar la suspensión, solicitud rechazada ahora por la corte de apelaciones.
La suspensión original había sido dictada en octubre de 2025 mediante el llamado shadow docket, sin una explicación pública, y bloqueó la sentencia que declaró ilegales las actuaciones de Noem. Según el abogado José Guerrero, aun si el amparo vuelve a activarse persiste una duda sobre su duración: no está claro si el plazo legal de 60 días debe contarse desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre.
Si no ocurre una nueva intervención de la Corte Suprema, quedarían cubiertos quienes tenían TPS bajo la designación de 2023 y los beneficiarios de la designación de 2021 que solicitaron extenderlo conforme a la prórroga del 17 de enero de 2025. La eventual reactivación no cerrará el litigio, cuyo resultado final permanece incierto.
Entre los testimonios incorporados al proceso está el de Carlos Sánchez Villa, venezolano deportado a Liberia después de perder la protección. Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy de la Universidad de California Los Ángeles, espera que la administración admita su equivocación o que la Corte Suprema preserve la decisión del tribunal de distrito.
Hasta el 6 de noviembre, los beneficiarios seguirán sin certeza definitiva. Las implicaciones alcanzan su empleo, posibles viajes y cualquier trámite migratorio, por lo que abogados y organizaciones recomiendan revisar los anuncios oficiales del DHS y buscar asesoría acreditada antes de tomar decisiones.
