Solo 32 de los 157 consulados de España en el mundo habían entregado hasta este lunes información total o parcial sobre los nuevos nacionalizados que podrán participar, o quedarán excluidos, de las elecciones del 29-N. La cifra equivale al 20,4% de toda la red consular.
El reducido avance cobra especial relevancia por el plazo disponible. Faltan menos de tres días para que el jueves 22 de octubre quede cerrado definitivamente el censo electoral, por lo que la mayoría de las oficinas todavía no había aportado toda la información requerida, según fuentes del Ministerio de Exteriores.
La revisión afecta a 163.020 personas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA, mediante la denominada ley de nietos. Los consulados deben establecer cuáles de esos inscritos reúnen la condición específica que permitiría mantenerlos entre quienes pueden votar el 29 de noviembre.
La tarea fue impuesta por el Tribunal Supremo a los responsables de los registros consulares. Cada oficina deberá expedir, “bajo su responsabilidad”, un certificado que acredite el vínculo exigido para estas personas nacionalizadas e incorporadas al censo desde el extranjero.
En concreto, el documento debe probar que los beneficiarios descienden de españoles que padecieron el exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación sexual. No basta, por tanto, con haber obtenido la nacionalidad al amparo de la conocida como ley de nietos: también debe quedar acreditada esa circunstancia familiar.
La información disponible no precisa cuántos de los 163.020 inscritos cumplirán finalmente los requisitos ni cuántos podrían ser apartados del censo. Tampoco permite conocer cuántos de los 32 consulados ya terminaron su revisión, debido a que Exteriores contabiliza conjuntamente las respuestas completas y las parciales.
Así, el trabajo pendiente se concentra en una ventana de tiempo muy limitada. Con 125 consulados sin figurar todavía entre los que habían remitido información y con parte de los expedientes recibidos aún incompletos, los registros afrontan la comprobación individual de una condición vinculada a hechos de exilio sufridos por generaciones anteriores.
El resultado tendrá consecuencias directas sobre el derecho al voto exterior en la convocatoria del 29-N. El cierre del 22 de octubre marcará el límite para definir qué nacionalizados permanecerán habilitados en el CERA, mientras la escasa respuesta consular conocida hasta el lunes deja en duda que todos los casos puedan diferenciarse a tiempo.
