La red panameña de conservación abarca 124 zonas bajo régimen especial, aunque la custodia permanente solo alcanza a 64 de ellas. Esa presencia limitada, sin embargo, cubre alrededor de 95% de la superficie sometida a protección por su valor biológico, paisajístico y cultural.
La vigilancia de ese vasto patrimonio recae ahora en 664 efectivos en funciones, entre ellos 88 mujeres. El contingente más reciente está formado por 33 egresados, 30 varones y tres féminas, correspondientes a la decimoctava cohorte del curso elemental para este personal.
Su preparación se desarrolló en un conocido parque ubicado en la zona de tránsito del Canal y los faculta para recorrer selvas, cauces fluviales, humedales, relieves altos y franjas litorales. Con más personal en terreno aumenta la capacidad de patrullaje, seguimiento ecológico y freno a los ilícitos contra la naturaleza, además del impulso a la enseñanza ambiental y al vínculo con poblaciones vecinas a los parques.
Las autoridades ambientales se propusieron llegar a 724 integrantes operativos en diciembre de 2026, lo que supone incorporar 60 personas adicionales al contingente actual. El sostén de ese plan no radica únicamente en reclutar, sino en mantener un ciclo constante de adiestramiento para novatos y veteranos.
La escuela adscrita al Sistema Nacional de Áreas Protegidas dispone de 14 formadores y oficiales de cumplimiento que distribuyen al personal hacia distintos destinos. Mediante la oficina encargada de logística y enseñanza se impulsaron 18 programas formativos y 55 jornadas internas de práctica en diversos enclaves bajo cuidado, con extensiones especializadas fuera del territorio nacional, incluyendo la estancia de 25 jefes de parques en una universidad estadounidense de Colorado para estudiar mando, gestión de recursos naturales y administración de reservas.
El fortalecimiento también alcanza al ámbito judicial, donde jueces del Órgano Judicial recibieron instrucción para aplicar con mayor precisión la normativa que ampara el patrimonio natural. La capacitación abordó la tasación del perjuicio ecológico, los fundamentos jurídicos y los parámetros técnicos y económicos para definir compensaciones monetarias, con atención particular al desacato de las acciones de mitigación contempladas en los estudios de impacto.
El punto de partida era muy inferior: poco más de un centenar de custodios, 141 en total, y el salto hasta la cifra vigente se logró con la suma de más de medio millar de uniformados. El viceministro Oscar Vallarino enmarcó a los recién incorporados en una misión de entrega prolongada al servicio del país y a la salvaguarda del bienestar ecológico de las próximas generaciones.
