Comerciantes y habitantes de Guasdualito, capital del municipio Páez del estado Apure, enfrentan un clima de miedo que afecta su derecho a trabajar. Amenazas atribuidas a una organización llamada “Los Juanitos” buscan imponer condiciones a la actividad económica en esta localidad fronteriza con Colombia, donde dos comerciantes fueron asesinados.
Ante la gravedad de la situación, fue ordenado un amplio despliegue militar y policial. El gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, condenó los hechos y aseguró que mantiene comunicación directa con el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, con el propósito declarado de proteger la paz de los residentes.
Rodríguez informó que se encuentran en la zona el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Apure, general de división Luis Enrique Pinto Rosales, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Según el gobernador, las fuerzas desplegadas buscan enfrentar a los responsables y adelantar las investigaciones relacionadas con los homicidios.
La reacción de las autoridades de la dictadura chavista se produjo después de que circulara en Guasdualito un panfleto firmado por “Los Juanitos”. En el documento, la agrupación califica como objetivos militares a comerciantes de la población e intenta obligarlos a someterse a sus órdenes mediante amenazas directas.
El volante establece que, desde el 2 de noviembre, nadie debe trabajar con las personas señaladas por el grupo. También advierte que quienes no estén al día con la organización no podrán realizar actividades laborales hasta nuevo aviso. El mensaje concluye anunciando que durante los días o semanas siguientes continuaría una supuesta “limpieza”.
El exdiputado Juan Francisco García Escalona denunció que los dos comerciantes fueron asesinados y que otros permanecen amenazados. Rechazó que una estructura armada pretenda determinar quién puede trabajar y bajo cuáles condiciones, y exigió protección urgente para la población, el esclarecimiento de los crímenes y medidas firmes dentro de la ley.
García Escalona sostuvo además que las pesquisas no deben limitarse a estos asesinatos. Recordó las denuncias formuladas durante años sobre la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en la frontera. También mencionó señalamientos contra las Fuerzas Bolivarianas de Liberación por una presunta inserción en el gobierno regional, alcaldías e incluso cargos de diputados a la Asamblea Nacional.
El antiguo legislador pidió que esas acusaciones sean investigadas seriamente y reclamó explicaciones al gobernador y a los alcaldes, a quienes instó a abandonar cualquier actitud complaciente frente a organizaciones armadas. Por ahora, no se ha informado sobre detenidos, la identidad de los autores materiales de los dos asesinatos ni la estructura y alcance de “Los Juanitos”. Tampoco está claro si las amenazas anunciadas para después del 2 de noviembre continúan vigentes.
