El Ministerio de Economía y el Banco Central de Venezuela suscribieron el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027 después de 13 años de incumplimiento del artículo 320 de la Constitución. El documento institucional fija los objetivos económicos de la dictadura para el próximo año, aunque economistas advierten que contiene formulaciones vagas y omite medidas indispensables para contener la inflación.
El acuerdo plantea que la economía crezca anualmente entre 6% y 10%, busca avanzar hacia una estabilización de precios en el mediano plazo y establece como objetivo llevar la inflación a dos dígitos durante 2027. José Guerra, economista y exdiputado opositor, señaló que esa meta puede representar cualquier registro entre 10% y 99%, mientras que la inflación acumulada hasta septiembre supera 225%.
El texto también promete recuperar la llamada consistencia intertemporal de las finanzas públicas, pero no explica cómo se alcanzaría. Guerra cuestionó que las autoridades eviten plantear el fin del financiamiento monetario del déficit mediante la adquisición, por parte del BCV, de pagarés de Petróleos de Venezuela, un mecanismo que describió como creación de dinero sin respaldo.
En ese contexto, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la dictadura, prometió cuatro incrementos del ingreso de los trabajadores durante 2027. Cada ajuste estaría ligado al desempeño económico del trimestre anterior y, según anunció, no podría quedar por debajo de ese crecimiento. El mensaje grabado fue difundido poco antes de la primera rueda de prensa de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela, el domingo 25 de octubre.
Guerra calificó la fórmula como equivocada. Explicó que, si el cálculo utiliza el crecimiento del Producto Interno Bruto real, el aumento laboral máximo podría rondar 10%, debido a que ese indicador descuenta la inflación. A su juicio, los ingresos deberían ajustarse conforme al comportamiento de los precios para preservar el poder de compra y eventualmente recuperarlo si la inflación pierde fuerza.
Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, también rechazó el planteamiento. Advirtió que prometer ajustes salariales superiores al crecimiento del PIB real solo tendría sentido bajo una expectativa de inflación igual a cero y criticó la falta de asesoría competente detrás del anuncio.
Rodríguez agregó que ordenó valorar activos estatales considerados no esenciales para venderlos al sector privado o restituirlos a sus antiguos propietarios. También afirmó que la propiedad privada está amparada por la Constitución. La propuesta supone una rectificación frente a décadas de controles, intervenciones y expropiaciones ejecutadas por el chavismo.
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad estimó que esas expropiaciones habían generado, hasta 2021, procesos arbitrales con obligaciones cercanas a 30.000 millones de dólares. La cifra equivale al 18% de una deuda externa calculada por Cedice en 162.000 millones. José Manuel Puente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sostuvo que las nacionalizaciones destruyeron la confianza en los derechos de propiedad y contribuyeron al colapso económico, social, humanitario y migratorio.
Puente afirmó que no habrá transformación económica sin cambio político y recordó que Venezuela acumula 27 años de controles sobre precios, divisas, intereses y mercado laboral. La consecuencia inmediata del anuncio fue dejar a los trabajadores sin una garantía de protección frente a la inflación: mientras Rodríguez difundía su mensaje, gremios y sindicatos realizaban una protesta nacional para exigir respuestas urgentes y mejoras salariales.
