Ignacio Sosnava Rodríguez, Alejandro Villegas Ángel y Miguel Ángel Gómez Alvarado podrán seguir bajo custodia de las autoridades migratorias mientras avanzan sus procedimientos de deportación. La justicia federal concluyó que ninguno tiene derecho a exigir una audiencia individual para obtener una fianza antes de que termine ese trámite.
La decisión fue adoptada este viernes por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Los jueces determinaron que la detención es legal sin necesidad de evaluar previamente, caso por caso, si el extranjero representa un peligro o podría escapar. El fallo también establece que los años acumulados dentro de Estados Unidos sin estatus legal no cambian esa conclusión.
Según la mayoría, el periodo que los demandantes han pasado encarcelados tampoco crea un problema constitucional suficiente para concederles el hábeas corpus. Aunque el tribunal reconoció que los inmigrantes están amparados por el debido proceso de la Quinta Enmienda, sostuvo que esa garantía no obliga a celebrar una audiencia destinada a valorar una posible liberación bajo fianza.
El dictamen llega después de que la Corte Suprema, cuya mayoría es conservadora, aceptara el 1 de octubre revisar otro expediente sobre la misma política de detención obligatoria. Ese caso procede del Segundo Circuito y podría terminar en una sentencia que establezca jurisprudencia nacional sobre el alcance de estas detenciones.
Durante el último año y medio, la Corte Suprema también ha examinado distintas controversias relacionadas con la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Las redadas contra inmigrantes irregulares y las deportaciones figuran entre los principales ejes internos de su administración.
Antes del pronunciamiento del Quinto Circuito, tribunales inferiores habían dispuesto la liberación de los tres hombres. Ellos acudieron a la justicia mediante peticiones de hábeas corpus, argumentando que mantenerlos presos sin una revisión individual de la fianza lesionaba sus derechos constitucionales. La nueva resolución favorece al gobierno federal y permite que continúen los procesos para expulsarlos del país.
Sosnava Rodríguez es mexicano y ha vivido más de 22 años en Estados Unidos. Villegas Ángel, también mexicano, reside allí desde 2011 y tiene dos hijos con ciudadanía estadounidense. Gómez Alvarado es hondureño, permanece en el país desde 2011 y es padre de un ciudadano estadounidense.
El fallo resuelve la disputa de estos demandantes dentro del Quinto Circuito, pero todavía queda pendiente la revisión anunciada por la Corte Suprema. No está claro qué criterio adoptará ese tribunal, si fijará una regla de alcance nacional ni cómo una eventual sentencia afectará la detención obligatoria de otros inmigrantes sometidos a procedimientos de deportación.
