El gobierno interino de Delcy Rodríguez mantiene en marcha una consulta nacional destinada a reformar el sistema de justicia penal venezolano. La presidenta encargada reconoció que ese sistema está afectado por hechos de corrupción, demoras procesales y actuaciones que perjudican principalmente a la población de menores recursos.
El mantenimiento de los establecimientos y la garantía de condiciones básicas corresponden exclusivamente al Ministerio Penitenciario, según recordó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). El activista cuestionó que esas obligaciones estatales sean trasladadas económicamente a las personas encarceladas y a sus familias.
La organización asegura que los pagos comienzan desde el ingreso de los internos. Entre las denuncias recopiladas figuran montos de 5 a 12 dólares para obtener agua potable, así como cargos por alimentos básicos —incluidas proteínas— que las autoridades clasifican como “delicateses”. También se reportan exigencias de dinero relacionadas con visitas conyugales, traslados y gestiones internas en ciertos penales.
En ese contexto, familiares de reclusos denunciaron ahora que deben aportar entre 50 y 100 dólares para financiar presuntos trabajos de reparación en las cárceles, informó el OVP. Las solicitudes serían presentadas como contribuciones para pintar una cancha deportiva o intervenir talleres, comedores, paredes, techos y otros espacios.
De acuerdo con los testimonios obtenidos por la ONG, los presos suelen comunicar la exigencia por teléfono o durante las jornadas de visita. En determinadas situaciones, serían funcionarios encargados de la custodia quienes llamarían directamente a los parientes, facilitarían cuentas bancarias para las transferencias y pedirían que el mensaje fuera difundido entre otras familias.
Una familiar explicó que ya afrontan desembolsos semanales para desplazarse hasta los centros de reclusión y llevar comida. Señaló que buena parte de los hogares afectados carece de recursos suficientes y sostuvo que las exigencias continúan pese a que quienes realizan los cobros conocen sus limitaciones económicas.
Prado calificó estos señalamientos como posibles prácticas reiteradas de extorsión y ejercicio abusivo de la autoridad. A su juicio, lo denunciado podría configurar delitos graves de concusión y corrupción, además de vulneraciones de garantías constitucionales y derechos humanos que comprometen la dignidad e integridad de las personas bajo custodia penitenciaria.
El OVP anunció que llevará la documentación a la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación y también acudirá a la Defensoría del Pueblo. Mientras los familiares manifiestan temor a represalias por no reunir el dinero, Prado atribuyó a Julio García Zerpa, responsable del Servicio Penitenciario, la responsabilidad ante eventuales hostigamientos o daños físicos y psicológicos derivados de la denuncia y de las acciones legales.
