El sistema penitenciario colombiano enfrenta el impacto de organizaciones que mantienen operaciones delictivas aun cuando sus cabecillas se encuentran recluidos. Cifras de la Dirección Gaula de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario indican que entre 45 % y 55 % de las extorsiones registradas en el país se originan de forma constante dentro de las prisiones.
La situación también incluye ataques contra servidores del Inpec. Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel Villahermosa de Cali, fue asesinado el viernes 30 de octubre. Ese crimen se sumó al homicidio de Diego Acevedo, otro dragoneante que murió a mediados de mes en el municipio de Girón mientras estaba fuera de servicio y permanecía en un establecimiento comercial.
El presidente Abelardo De La Espriella ha situado la recuperación de la seguridad entre las prioridades de su administración. Ese enfoque marcó su campaña para llegar a la Casa de Nariño, después de cuatro años durante los cuales, según las cifras oficiales citadas, aumentó la fortaleza de las guerrillas y de otras bandas criminales en Colombia. El mandatario considera los movimientos de reclusos una herramienta para afectar a esas estructuras.
En ese contexto, De La Espriella anunció este sábado, durante la celebración de Halloween, que ordenó llevar a 33 personas privadas de libertad desde San Andrés hasta Bogotá. La operación fue articulada por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, de acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado el 1 de noviembre de 2026.
Al comunicar la medida, el presidente dirigió una advertencia a las organizaciones delictivas: “A los criminales les digo con absoluta claridad: en la era del Tigre, la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen”. También sostuvo que no tolerará privilegios para los delincuentes ni permitirá que grupos organizados continúen generando temor o intenten retar al Estado desde centros penitenciarios.
La decisión ocurre mientras las autoridades lidian con extorsiones e instrucciones criminales impartidas desde prisión. Según los datos mencionados, algunos jefes encarcelados conservan capacidad para ordenar delitos fuera de los establecimientos, una circunstancia que explica el énfasis gubernamental en los traslados carcelarios.
De La Espriella ya había reaccionado al asesinato de Acevedo con la promesa de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. En aquella ocasión afirmó que las muertes violentas de soldados, policías y guardias no quedarían impunes, y aseguró que su gobierno defendería a quienes cumplen labores de protección en Colombia.
Como consecuencia inmediata de la orden presidencial, los 33 reclusos dejaron San Andrés con destino a Bogotá bajo una acción conjunta de la Fuerza Aérea y la Policía. El traslado modifica su lugar de reclusión y refuerza la respuesta oficial frente al control que las estructuras criminales intentan conservar desde las cárceles.
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