Una investigación de la consultora Anova, firma del economista Omar Zambrano, concluye que alrededor de 494.763 personas en Venezuela dejan de trabajar debido a las fallas en el suministro de agua o electricidad en sus hogares. El estudio sostiene que esa situación genera una pérdida de aproximadamente 1.600 millones de dólares, lo que representa el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El informe señala que siete de cada diez hogares venezolanos reciben agua o electricidad de forma precaria, una proporción que es 21,7% mayor que en 2025. A partir de esa realidad, la consultora estima que vivir en uno de esos hogares reduce en 4,4 puntos porcentuales la probabilidad de participar en el mercado laboral y en 3,9 puntos la de estar ocupado.
De acuerdo con las estimaciones de Anova, esas cifras equivalen a unas 494.763 personas que dejan de trabajar, a 1.159,4 millones de dólares que se dejan de percibir en ingresos laborales y a cerca de 1.600 millones de dólares de producto que la economía deja de generar, lo que supone 1,4% del PIB.
El documento describe el fenómeno como un impuesto de tiempo. “Como advierte la literatura especializada, estas privaciones operan como un impuesto de tiempo: el esfuerzo físico, la logística del almacenamiento y las horas invertidas en la supervivencia doméstica compiten directamente con el tiempo disponible para generar ingresos laborales”, explica Anova. La consultora agrega que la falta de servicios no solo encarece la vida doméstica, sino que condiciona directamente la decisión de integrarse a la fuerza de trabajo, en línea con la evidencia internacional.
El estudio también identifica un sesgo de género. “En los hogares sin fallas de servicios públicos, las mujeres ocupadas trabajan 3,2 horas semanales menos que los hombres. En los hogares precarios, la brecha llega a 5,6 horas. La diferencia, 2,4 horas a la semana, representa un incremento de 75% en la brecha de género y puede interpretarse como la penalización adicional que carga una mujer por vivir en un hogar con servicios públicos deficientes”, detalla Anova. En el caso de los hombres de hogares precarios, la consultora apunta que “trabajan 1,7 horas semanales más que los de hogares sin fallas, presumiblemente para compensar la presión sobre el ingreso familiar”.
El informe subraya que la productividad laboral está severamente limitada cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad. Venezuela arrastra casi 15 años con una severa crisis de su sistema eléctrico. Desde que asumió la Presidencia encargada el 3 de enero, Delcy Rodríguez ha lanzado dos planes de ahorro que básicamente se traducen en interrupciones del servicio y apagones que en algunos casos se extienden por diez horas. Además de los cortes de luz, el Ejecutivo instauró un “esquema de trabajo interdiario con jornada parcial” en distintas instituciones del Estado.
El régimen chavista culpa de esta debacle a los fenómenos climáticos y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, los expertos señalan que las causas reales son la falta de planificación y mantenimiento, la incapacidad de las autoridades y los mil millonarios escándalos de corrupción en proyectos que jamás se culminaron. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) informó que de las 488 horas laborales del segundo trimestre del año, las empresas reportaron 214 sin suministro eléctrico. “Esto significó un 68% más de horas afectadas comparadas con el trimestre pasado”, precisó Conindustria.
