La proyección de un crecimiento de 4 % para 2026 convive con una inflación promedio estimada de 387,4 % para ese mismo año, una de las más elevadas del planeta. El rebote estadístico del producto contrasta con la pérdida del poder de compra y con la distancia que todavía separa a Venezuela de los niveles previos al derrumbe.
Ese retroceso se produce después de una merma de más de 75 % del producto entre 2013 y 2021, descrita como una de las peores en tiempos de paz. El ingreso por habitante en dólares corrientes pasó de 8.642 en 2013 a 1.506 en 2020, con un repunte posterior que no cambió el cuadro social. En 2021 más de 94 % de la población vivía bajo el umbral de pobreza y alrededor de 74 % en pobreza extrema, mientras más de nueve millones de personas habían emigrado, entre ellas profesionales, técnicos, trabajadores calificados y empresarios cuya ausencia frena cualquier despegue.
La hiperinflación pulverizó los ingresos fijados en bolívares y golpeó sobre todo a quienes viven de sueldos, jubilaciones y ahorros en moneda nacional. El salario mínimo lleva anclado en 130 bolívares por mes a partir de marzo de 2022 y su valor al cambio oficial cayó de unos 30 dólares entonces a cerca de 0,40 dólares en enero de 2026. La dictadura respondió con pagos complementarios para empleados públicos que no inciden en prestaciones, vacaciones ni pensiones.
El petróleo muestra la misma brecha entre potencial y realidad. De unos 3,1 millones de barriles por día en 1998 se pasó a registros por debajo del millón en años recientes, y el nivel de agosto de 2026, alrededor de 1,2 millones de barriles por día, sigue lejos de lo que las reservas permitirían. Rehabilitar yacimientos, plantas de producción y refinerías resulta indispensable, pero la clave señalada es transformar la renta en base para una economía diversificada.
Las expropiaciones e intervenciones masivas dejaron un tendal de compañías cerradas o arruinadas que deberían devolverse a sus dueños o entrar en privatización. Los incumplimientos con firmas extranjeras derivaron en litigios que amenazan bienes estratégicos fuera del país, como CITGO, y generan pasivos pesados que exigen acuerdos. A eso se suma el impago externo desde 2017, con una deuda total que ronda los 170.000 millones de dólares y unos 60.000 millones en bonos soberanos y de PDVSA en mora, que obligarían a auditar obligaciones y pactar una reestructuración sostenible.
Los desafíos planteados incluyen reconstruir la institucionalidad y el Estado de derecho, levantar el sistema educativo, estabilizar sin agravar la emergencia social y administrar la renta petrolera con transparencia. También suponen restablecer agua y electricidad, reinsertar al país en la economía internacional y en los organismos multilaterales, diversificar el aparato productivo, recuperar parte de la diáspora y del tejido empresarial, garantizar participación política, revisar trabas a la actividad privada y asegurar elecciones transparentes con rendición de cuentas.
Venezuela conserva recursos naturales, tradición empresarial, personal calificado dentro y fuera del territorio y una sociedad dispuesta a superar casi tres décadas de deterioro político, económico e institucional. El colapso se explica por la dependencia del crudo, los desequilibrios macroeconómicos, los controles, la destrucción del aparato productivo, el deterioro de los servicios y la inseguridad jurídica bajo la dictadura, además de la politización de PDVSA, la pérdida de criterio profesional, la falta de inversión y las expropiaciones. Las sanciones agravaron el cuadro, pero la caída ya era pronunciada antes de 2017.
