Los gobiernos de América Latina y el Caribe necesitan asegurar recursos de desembolso rápido antes de que ocurra una catástrofe, con el fin de reconstruir viviendas, restablecer servicios y evitar que la atención de una emergencia dependa de decisiones improvisadas.
La propuesta distingue entre distintos niveles de riesgo. Para episodios habituales de impacto limitado plantea recurrir a reservas presupuestarias y fondos de contingencia. Frente a eventos menos frecuentes pero más destructivos, recomienda seguros, reaseguros, coberturas paramétricas y bonos catastróficos capaces de transferir parte de los costos.
Estos mecanismos complementarían los avances regionales en prevención, protección civil, alertas tempranas y evacuaciones. La meta es crear una segunda barrera de respuesta financiera que reduzca el tiempo de recuperación y limite las consecuencias sobre las cuentas públicas, la pobreza, el crecimiento y la cohesión social.
El planteamiento forma parte del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, presentado hoy por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) ante la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El documento será analizado en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid para el 4 y 5 de noviembre de 2026.
El diagnóstico que sustenta la iniciativa refleja la magnitud del problema: durante los últimos 50 años, cuatro de cada diez habitantes de América Latina y el Caribe resultaron afectados por huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, incendios forestales, sequías u olas de calor. La región registró en promedio una catástrofe semanal, cerca de 100.000 fallecidos y daños económicos por más de 360.000 millones de dólares.
Además de destruir hogares, estos fenómenos paralizan redes logísticas, reducen ingresos y obligan a redirigir dinero público hacia la emergencia y la reconstrucción. Sus efectos pueden prolongarse y deteriorar la estabilidad fiscal, especialmente cuando los países carecen de fondos previamente asignados y protocolos financieros definidos.
El informe propone un decálogo que incluye elevar la resiliencia financiera a prioridad estatal, proteger infraestructura y actividades esenciales, garantizar desembolsos ágiles y ampliar el acceso de familias y pequeñas empresas a coberturas catastróficas. La brecha de protección aseguradora alcanza el 81% en la región, de acuerdo con el documento.
También plantea conectar prevención y cobertura, fortalecer la innovación tecnológica y desarrollar asociaciones entre administraciones y empresas, con flexibilidad para que cada país avance según sus capacidades. El trabajo fue impulsado conjuntamente por la FIE, Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, especialistas en economía, ingeniería y políticas públicas.
