El acuerdo para recuperar los lingotes de oro venezolanos depositados en Reino Unido y emplearlos en la atención de los damnificados continúa sin resultados conocidos. Las delegaciones del chavismo y la oposición ratificaron este miércoles esa decisión al concluir su tercer ciclo de conversaciones, aunque el objetivo figura en la agenda común desde el comienzo del diálogo.
La falta de avances ocurre cuando el país está por cumplir, el sábado próximo, cuatro meses de los dos terremotos del 24 de junio, considerados los más potentes de su historia reciente. La opacidad de la dictadura impide conocer el número real de víctimas, mientras persisten las fallas generalizadas de electricidad y agua, cientos de hogares siguen sin reparación y numerosas familias permanecen bajo carpas temporales.
Un estudio internacional difundido por la revista especializada The Seismic Record concluyó recientemente que la secuencia sísmica alcanzó niveles extremos nunca registrados en el mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló en un periódico estadounidense que la mortalidad sería muy superior a los 6.509 fallecidos incluidos en el último balance oficial, divulgado hace más de dos meses.
Los modelos del USGS sitúan la posible cifra de muertos en hasta 53.000. La entidad aclaró que se trata de una aproximación científica basada en antecedentes históricos de terremotos y cálculos sobre la distribución poblacional, debido a que Venezuela carece de un censo oficial desde 2011. También estimó que al menos 700 inmuebles colapsaron por completo únicamente en La Guaira, mientras otros estudios elevan el cálculo a 1.300.
La catástrofe habría dejado además más de 200.000 heridos y por lo menos 20.000 personas sin vivienda. En Catia La Mar, la torre C de los edificios de Obras del Poder Popular (OPP), afectada por los movimientos telúricos, fue demolida el 30 de julio de 2026. Equipos de rescate y voluntarios todavía buscaban cuerpos entre las ruinas de un edificio de Caraballeda el 23 de julio, casi un mes después del desastre.
En la segunda mitad de esta prolongada emergencia, el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote jesuita Jesús “Txuo” Rodríguez Villarroel, advirtió este jueves que el país entró en una etapa más extensa y menos visible. Explicó que el impacto no puede evaluarse solamente por los edificios dañados o los suministros entregados, pues continúa en los hogares sin reconstruir, las escuelas cerradas y las heridas físicas y emocionales de los sobrevivientes.
La educación concentra otro de los efectos más graves: cerca de 400 escuelas quedaron destruidas y más de 200.000 alumnos salieron del sistema. Rodríguez Villarroel alertó que muchos podrían no volver a las aulas si los planteles no son rehabilitados con urgencia. Antes de los sismos ya había 1,2 millones de menores sin escolarizar en Venezuela.
Fe y Alegría, en alianza con la ONG española Manos Unidas, mantiene educación de emergencia en 24 escuelas para reducir el impacto. Entretanto, residentes del edificio San Felipe, en Chacao —el municipio caraqueño más golpeado—, llevan meses exigiendo información oficial sobre el futuro de sus viviendas. Uno de ellos declaró a una cuenta informativa de Instagram: “No aguantamos más”.
Rodríguez Villarroel destacó que, pese al abandono institucional y al sufrimiento colectivo, los venezolanos respondieron con solidaridad y capacidad de resistencia: muchas personas interrumpieron sus propias labores para ayudar a otros afectados. Esa reacción ciudadana contrasta con la pasividad y la opacidad de una dictadura que, cuatro meses después, todavía no ofrece respuestas completas sobre muertos, damnificados, viviendas ni escuelas.
