El Ministerio de Agricultura de Venezuela mantiene bajo revisión las estructuras de costos del sector, después de que su titular, Vladimir Padrino López, afirmara el 5 de octubre que el gobierno interino de Delcy Rodríguez buscaría proteger a los productores ante el encarecimiento de los agroinsumos.
Uno de los principales obstáculos identificados por el sector es la escasez de financiamiento bancario. Osman Quero, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), explicó que esa ausencia de crédito abrió espacio a financieras que adquieren fertilizantes y otros insumos para entregarlos a los agricultores.
El productor cancela esas obligaciones al concluir la cosecha, pero debe asumir un costo elevado. De acuerdo con Quero, los prestamistas incorporan su ganancia y una cobertura frente a factores como la inflación, la brecha cambiaria y la presión fiscal. Además, reciben como pago productos agrícolas valorados por debajo del monto que se les había financiado, lo que termina reduciendo el valor efectivo de la cosecha.
En medio de ese escenario, Padrino López anunció que el Ejecutivo interino levantó la restricción al uso de drones en Venezuela. La decisión dejó sin efecto la medida temporal adoptada en 2025, que impedía la operación, importación y circulación de esos equipos en el territorio nacional.
El ministro indicó que la resolución responde a solicitudes formuladas durante sus encuentros con productores, quienes consideran los drones herramientas indispensables para la agricultura. Padrino López, general en jefe que dirigió la cartera de Defensa durante más de 11 años, también reconoció que la actividad agrícola debe ser rentable, además de garantizar la soberanía alimentaria.
El funcionario atribuyó parte del aumento de los fertilizantes a la volatilidad geopolítica y a los costos de transporte, variaciones que finalmente recaen sobre los agricultores. Sin embargo, Fedeagro sostiene que el problema sigue sin una respuesta concreta, especialmente para los pequeños productores no agremiados que dependen de financistas privados y entregan posteriormente la producción en los silos de esas mismas empresas.
Quero considera que la mejor salida sería restablecer el crédito bancario. No obstante, señaló que el gobierno interino ha reducido aún más ese financiamiento recientemente como parte de una política que buscaría estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.
El dirigente también denunció condiciones desiguales entre agricultores y agroindustria. Según su planteamiento, las empresas industriales reciben exoneraciones tributarias y reducciones arancelarias para importar, mientras los productores han perdido subsidios para combustible y fertilizantes, además del acceso al crédito. Añadió que este año las importaciones dejaron de funcionar únicamente como complemento de la producción nacional.
Fedeagro afirma que la agroindustria fijó los precios vigentes del maíz blanco, el maíz amarillo y el arroz mediante el Valor Alterno de Importación, aprovechando beneficios fiscales y arancelarios. Quero aseguró que esa fórmula deprimió los montos pagados al productor y reclamó una prima de calidad para las cosechas venezolanas, que, según dijo, ofrecen mayor rendimiento en molino que los productos importados almacenados durante meses.
La eliminación de la restricción permitirá retomar la operación, importación y circulación de drones para las labores agrícolas. Su efecto inmediato será devolver a los productores el acceso a esos equipos, aunque seguirán enfrentando insumos costosos, crédito bancario limitado y precios de cosecha cuestionados por Fedeagro.
