La Fiscalía ecuatoriana sostiene que existen elementos para mantener detenida a Luisa González mientras avanza una investigación por presunto lavado de activos; la dirigente correísta, en contraste, afirma que enfrenta una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Un juez aceptó el viernes la solicitud de prisión preventiva, aunque no fueron divulgados los fundamentos específicos de la medida.
González, de 48 años, fue candidata presidencial de Revolución Ciudadana (RC), la organización del expresidente izquierdista Rafael Correa (2002-2017), prófugo de la justicia por corrupción. Compitió contra Noboa en las elecciones anticipadas de 2023 y volvió a enfrentarlo por la Presidencia en 2025.
Como consecuencia de la decisión judicial, la excandidata fue trasladada a una cárcel ubicada en Chimborazo, territorio de la zona central ecuatoriana. Antes de su traslado difundió un audio en X en el que rechazó que la movilización respondiera a razones de seguridad y se describió como una “perseguida política”.
En otra grabación, González pidió al juez un trato justo y recordó que ya había sido objeto de un segundo allanamiento. Señaló que, después del procedimiento del 28 de enero, viajó varias veces fuera de Ecuador y siempre regresó, argumento con el cual buscó responder a cualquier señalamiento sobre un eventual riesgo de fuga.
La situación judicial también tiene consecuencias electorales. RC fue inhabilitada este año dentro de otra pesquisa por supuesto lavado de activos, por lo que quedó impedida de competir en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para finales de noviembre. González pretendía disputar la prefectura de Manabí, pero tampoco logró inscribirse con el respaldo de otra agrupación.
Las organizaciones ADN, vinculada al oficialismo, y Creo, de derecha, objetaron esa postulación. Posteriormente, un tribunal electoral resolvió en contra de la candidatura de González, quien aseguró en una carta difundida mediante sus redes sociales que acumula 19 procesos judiciales. En ese texto calificó al gobierno como una dictadura marcada por la persecución y exhortó a sus seguidores a votar contra los aspirantes oficialistas.
En el plano político, González obtuvo el 48% de los sufragios frente a Noboa en 2023. Dos años después volvió a ser derrotada, esta vez por una diferencia aproximada de 11 puntos porcentuales. Noboa ha aplicado una política de mano dura contra el narcotráfico y responsabiliza al correísmo por ese fenómeno.
La investigación también menciona al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente detenido, y a sus empresas. Álvarez fue condenado por vender ilegalmente combustible subsidiado y por quitarse el mecanismo electrónico utilizado para vigilarlo.
El conflicto se origina en el caso Laberinto, que busca establecer de dónde provinieron cerca de 500.000 dólares destinados a propaganda electoral de la campaña presidencial de González en 2023. José Julio Neira, secretario general de la Administración, afirmó que la hipótesis fiscal contempla la entrada de efectivo procedente de Venezuela. Esa línea continúa bajo investigación y todavía no existe un juicio que determine responsabilidades.
