Al menos 178 investigaciones penales permanecen abiertas en 30 países por hechos de corrupción y lavado de dinero relacionados con Venezuela, de acuerdo con el registro elaborado por Transparencia Venezuela. La dimensión internacional de esos expedientes muestra que los fondos sustraídos del erario no permanecieron dentro de las fronteras nacionales y que su rastreo exige coordinación con autoridades extranjeras.
La organización calcula que más de 78 mil millones de dólares fueron robados al país. Para su directora, Mercedes De Freitas, la magnitud del saqueo demuestra que no se trata simplemente de prácticas corruptas enquistadas en instituciones aisladas, sino de un Estado estructurado en torno a la corrupción bajo el régimen chavista.
Ante ese escenario, Transparencia Venezuela propuso aprobar una ley que establezca una justicia especial anticorrupción. El mecanismo tendría la misión de investigar y sancionar a los responsables de grandes tramas transnacionales en las que participaron altos jerarcas de la dictadura chavista, además de recuperar una parte del patrimonio desviado.
El diseño contempla un subsistema incorporado al aparato judicial, con fiscales y jueces especializados. También incluiría una oficina de inteligencia financiera y patrimonial, una dependencia para recuperar activos, protección para testigos y denunciantes, defensa pública especializada y un cuerpo encargado de las averiguaciones penales.
Debido a la dispersión mundial del dinero, la propuesta suma una secretaría de cooperación internacional. Esa instancia se ocuparía de preparar y mantener solicitudes de asistencia, cartas rogatorias, pedidos de aseguramiento de bienes y equipos conjuntos con otros países.
Los recursos recuperados alimentarían un Fondo Nacional de Reparación Social y Reconstrucción. Según el planteamiento, el dinero serviría para inversiones en escuelas, centros de salud y sistemas de agua. Los inmuebles decomisados también podrían utilizarse directamente en beneficio de las comunidades.
De Freitas incorporó además la figura de un “par internacional”, concebido como acompañante técnico de un cargo determinado, sin asumir funciones públicas venezolanas ni tareas de supervisión. Su presencia, explicó, permitiría elevar el costo de las presiones indebidas y limitar las interferencias ocultas sobre los funcionarios nacionales.
Transparencia Venezuela plantea que la instancia opere durante ocho años, con una extensión automática de cuatro. Una terminación anticipada requeriría mayoría calificada de la Asamblea Nacional y un informe público elaborado mediante una evaluación independiente.
La iniciativa surge mientras la negociación entre la dictadura chavista y la oposición, auspiciada por Estados Unidos, produjo entre sus primeros resultados un acuerdo para transformar el sistema judicial venezolano y renovar por completo a los integrantes del Tribunal Supremo. Si la propuesta prospera, su alcance dependerá de que exista independencia real para perseguir a los responsables, cooperación extranjera efectiva y garantías de que los bienes recuperados no vuelvan a quedar bajo control de las mismas estructuras asociadas al saqueo.
