Familias y comunidades de distintas zonas de Venezuela soportan cortes eléctricos que pueden durar seis horas o más, una situación que ya provoca manifestaciones y profundiza el malestar contra la dictadura chavista. La crisis también abrió una disputa entre sectores identificados con Hugo Chávez y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La corriente Comunes, integrada por organizaciones y figuras de izquierda vinculadas al proyecto político del fallecido mandatario, convocó para el martes 27 de octubre una jornada de alcance nacional contra los apagones. El movimiento pidió a la población movilizarse de manera pacífica y masiva para reclamar prioridades y respuestas oficiales.
Entre las acciones planteadas están la ocupación de sedes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), así como piquetes, marchas y plantones. Comunes también instó a contactar a medios locales para dar visibilidad a las protestas y demostrar que las comunidades afectadas no permanecerán en silencio.
La convocatoria cuestiona los contratos suscritos por Delcy Rodríguez con el gobierno de Estados Unidos y empresas transnacionales para explotar el sector de hidrocarburos. El grupo sostiene que el suministro eléctrico favorece a los campos petroleros entregados y exige que la población reciba la misma prioridad. También acusa al gobierno de permitir la salida del petróleo mientras el país queda sumido en la oscuridad.
La magnitud del descontento quedó reflejada en el informe más reciente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Durante septiembre de 2026 se contabilizaron 531 protestas relacionadas con la electricidad, frente a las 25 registradas en septiembre de 2025. La variación equivale a un aumento de 2.024% y convirtió las fallas del servicio en uno de los principales detonantes de conflictividad social.
Frente a esas movilizaciones, voceros de la dictadura han atribuido las protestas a supuestos planes políticos de la oposición destinados a desestabilizar Venezuela. Sin embargo, el propio ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, admitió que el sistema atraviesa una situación compleja y anunció inversiones dirigidas a sumar 1.300 megavatios. Según el funcionario, el objetivo es reducir las interrupciones y mejorar la continuidad y estabilidad del suministro.
El deterioro se arrastra desde hace más de 15 años. A comienzos de 2010, Hugo Chávez declaró una emergencia eléctrica que no solucionó el problema. Aquella respuesta terminó rodeada por grandes escándalos de corrupción, contratos otorgados discrecionalmente y proyectos que nunca fueron concluidos.
La electricidad tampoco es el único foco de presión social. Sindicatos y gremios se mantienen en las calles para reclamar mejores salarios, mientras familiares de presos políticos realizan recorridos y vigilias para exigir su liberación. Permanece incierto cuándo entrarán al sistema los 1.300 megavatios anunciados, si serán suficientes para contener los apagones y cómo responderá el gobierno interino de Delcy Rodríguez a la protesta convocada por sus antiguos aliados chavistas.
