La Asamblea Nacional controlada por el chavismo avanza en la integración del Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de evaluar y preseleccionar a quienes aspiren a convertirse en magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El organismo estará compuesto por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.
El procedimiento se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la falta de independencia de la justicia venezolana y su utilización como mecanismo de persecución política. Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que jueces y fiscales no se han limitado a encubrir abusos, sino que también han actuado directamente contra ciudadanos disidentes.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, sostuvo que el sistema responde eficazmente a los intereses de quienes han ejercido el poder, pero no ofrece la misma respuesta a las necesidades de la población. Durante un acto en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, defendió una reconstrucción desde las bases que permita incorporar al máximo tribunal a personas respaldadas por la confianza ciudadana.
En ese contexto, Foro Penal pidió que la renovación del TSJ no se reduzca al reemplazo de magistrados. La ONG reclamó transformaciones estructurales en tribunales y fiscalías, reformas legales y el desmontaje de los organismos empleados por la dictadura para hostigar a opositores.
Himiob advirtió que incluso la llegada de jueces honestos, competentes e intachables al TSJ resultaría inútil si los niveles inferiores continúan bajo control de las mismas personas vinculadas con el aparato represivo. También propuso modificar el Código Penal, al que describió como anacrónico y desconectado de las necesidades actuales de Venezuela.
El abogado señaló que varias normas han servido como instrumentos de persecución política y planteó reformarlas o derogarlas como parte de una transformación integral. La exigencia se enlaza con las denuncias documentadas por Foro Penal ante instancias internacionales y con el reclamo de mecanismos capaces de investigar violaciones de derechos humanos.
Himiob recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana por las violaciones relacionadas con los acontecimientos del 11 de abril de 2002. Las víctimas y sus representantes presentaron sus argumentos en una audiencia celebrada en San José, Costa Rica, a la cual el Estado venezolano no compareció.
La causa examina presuntas acciones y omisiones estatales, así como deficiencias en las investigaciones de la violencia registrada aquella jornada. Los afectados solicitaron que se establezca la responsabilidad del Estado, se ordenen reparaciones y se dicten garantías de no repetición. Himiob precisó que el tribunal regional determina responsabilidad estatal, no culpabilidad penal individual de funcionarios o particulares.
Según el abogado, el propio Estado reconoció la apertura de 79 investigaciones, pero más del 85 % permaneció paralizado en fases iniciales. Solo dos expedientes alcanzaron sentencia definitiva: uno terminó con la absolución de personas que dispararon desde Puente Llaguno y otro produjo condenas contra comisarios y policías metropolitanos. Sobre una investigación a integrantes de la Guardia Nacional, dijo que no pudo establecerse su resultado.
La intervención de Foro Penal coloca consecuencias inmediatas sobre el proceso de selección: el comité parlamentario seguirá evaluando candidatos bajo una renovada presión para que el cambio no sea meramente nominal. La discusión queda así extendida a la reforma de leyes, fiscalías y tribunales, al desmantelamiento de la estructura persecutoria y a la investigación efectiva de abusos todavía marcados por la impunidad.
