Una sola vía es considerada válida por la dictadura venezolana para abordar la controversia histórica del Esequibo: un proceso de negociación directa con Guyana. Esa posición excluye cualquier mecanismo distinto de las conversaciones entre ambos países, incluso antes de conocerse la decisión pendiente de una instancia internacional.
El planteamiento fue expuesto por el canciller de Venezuela, quien atribuyó exclusivamente al diálogo bilateral la legitimidad y la base legal necesarias para resolver el conflicto territorial. La declaración no presentó alternativas ni dejó abierta la posibilidad de reconocer otro procedimiento para zanjar la disputa.
En ese contexto, el régimen venezolano advirtió a Guyana que no cumplirá el fallo que llegue a emitir la Corte Internacional sobre el Esequibo. Se trata de un rechazo anunciado por adelantado, sin que la fuente precise el contenido, la fecha o el alcance de la decisión que deberá pronunciar el tribunal.
La postura oficial separa así dos escenarios: por un lado, la negociación directa que Caracas considera aceptable; por otro, el proceso ante la Corte Internacional, cuyo resultado ya ha sido descartado por la dictadura como una solución que esté dispuesta a acatar.
El canciller calificó la controversia como histórica, pero no ofreció en la declaración citada detalles adicionales sobre eventuales conversaciones con Guyana, las condiciones para iniciarlas o los términos que Venezuela exigiría en una negociación. Tampoco se informó de una respuesta del gobierno guyanés a la advertencia venezolana.
La declaración supone que la posición de Caracas no dependerá de si la futura sentencia resulta favorable o adversa a sus pretensiones. Al anunciar que no la obedecerá antes de conocerla, el régimen chavista condiciona cualquier salida a que la disputa permanezca exclusivamente en el terreno bilateral.
La información disponible tampoco señala cuándo podría producirse el pronunciamiento de la Corte Internacional ni qué medidas tomaría Venezuela después de su emisión. La advertencia se limita a fijar la negativa oficial y a presentar la negociación con Guyana como el único espacio reconocido por Caracas.
La principal implicación es un escenario de mayor incertidumbre: mientras el tribunal mantiene pendiente su decisión, la dictadura venezolana anticipa que desconocerá su resultado y concentra toda posibilidad de acuerdo en conversaciones directas. Con ello, la resolución de la controversia queda sujeta a una vía que necesariamente requeriría la participación y aceptación de ambos países.
