Tomar una declaración en un pueblo, levantar una cámara en una calle o cubrir la falta de una ambulancia puede terminar en una amenaza directa en Venezuela. Esa es hoy la consecuencia práctica para quien intenta informar dentro del país: el trabajo periodístico continúa expuesto a la interrupción violenta, al miedo y a la pérdida del material.
El riesgo no es una excepción ni un episodio aislado en una zona remota. Reporteros en distintas regiones enfrentan impedimentos para grabar, presiones para dejar de preguntar y presencia de individuos armados que buscan frenar la cobertura con el argumento de que se trata de una actividad política.
Para las redacciones, el efecto inmediato es la autocensura obligada, la pérdida de registros y el temor a volver al mismo lugar. Para la ciudadanía, la consecuencia es todavía más grave: dejan de conocerse denuncias sobre servicios públicos colapsados, abusos locales y decisiones que afectan la vida diaria.
El hecho que pone dimensión a esa realidad es el balance difundido por el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, que contabilizó 155 agresiones contra periodistas entre enero y octubre de este año. El registro gremial describe un patrón sostenido y no una serie de incidentes desconectados.
Ese conteo incluye 26 casos de coberturas impedidas, 37 actos de intimidación y 16 de hostigamiento. También documenta 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 eliminaciones forzadas de material, cuatro cierres de emisoras y 13 ataques directos, además de otros episodios que completan el total.
Ese panorama ocurre después de la caída de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero. Tras ese quiebre, la dictadura que hoy encabeza Delcy Rodríguez habló de un nuevo momento político y se produjo la excarcelación de una veintena de periodistas que estaban entre los más de dos mil presos políticos que había en el país.
La misma estructura de poder anunció avances en el desbloqueo de páginas web, pero las restricciones siguen vigentes. Infobae continúa censurado en territorio venezolano desde el 10 de octubre de 2014, cuando el madurismo ordenó su bloqueo total a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones luego de la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. A eso se suma la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa del 28 de octubre sobre un reportero amenazado en Yaracuy mientras recogía testimonios por la falta de ambulancias, cuando un hombre que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas junto a acompañantes que, según el periodista, llevaban armas.
En ese contexto, la Asamblea Nacional tenía previsto debatir la primera discusión de la reforma de la Ley contra el Odio, después de que la propia Rodríguez admitió que esa norma fue mal aplicada y que se hizo un uso abusivo de ella, tal como habían advertido organizaciones civiles y partidos opositores que la señalaron como herramienta de persecución. Frente a esa reforma, el Colegio Nacional de Periodistas reclama la derogación total y advierte que una simple modificación mantendría intacto el mecanismo de censura, porque para la libertad de expresión no existe término medio.
