La situación del teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana José Tomás Gómez Machuca llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mediante la Resolución 81/2026, emitida el 4 de octubre de 2026, la CIDH concedió medidas cautelares a cuatro personas, incluido el militar, identificado en ese documento como Tomás José Gómez Machuca. El organismo pidió al régimen venezolano preservar su vida, salud e integridad y garantizar condiciones penitenciarias ajustadas a estándares internacionales.
Gómez permanece en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, luego de haber estado bajo custodia del Comando Nacional Antidrogas. Sus familiares sostienen que fue apartado de un expediente que inicialmente reunía a más de 20 personas y aseguran que presentaron denuncias ante la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario. También fue examinado por el área de Salud del Senamecf, mientras la Fiscalía 11 de Aragua habría intervenido.
La acusación, presentada por los fiscales auxiliares Edgar Maurera Villareal y Jiomary Sinaí Terán Guzmán, le atribuye presunta coautoría en tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de asociación. El Ministerio Público lo señala como supuesto enlace, financista y administrador de una estructura denominada GEDO, relacionada por los investigadores con el Cartel de Paraguaná. La tesis oficial menciona operaciones cambiarias por 700.000 dólares y conversaciones por WhatsApp con Alexander Albornett, descrito como jefe del grupo. Lucas Yvan Albornett Salazar también aparece acusado.
El expediente fiscal está registrado como MP-160643-2025 y la causa como 04OCT-S-102-2025. El juez Edwin Jesús Vásquez Goyo, del Tribunal Especial Cuarto de Control con competencia nacional en terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, conoció el proceso. Casi un mes después del arresto, Gómez participó desde el hospital en una audiencia telemática. La familia afirma que recibió un texto para leer, pero rehusó firmarlo y denunció amenazas, coacción y torturas. Tampoco habría podido nombrar defensa privada; le asignaron al defensor público Samuel Serrano.
Antes de esa audiencia, Gómez había sido hospitalizado en Caracas en condición crítica. La denuncia señala que presentaba hematomas, politraumatismos y un derrame pleural causado por golpes, por lo que necesitó una toracostomía. Un familiar dijo haberlo visto con dificultades para caminar, sentarse y respirar. Sus allegados aseguran que posteriormente desarrolló apnea obstructiva del sueño, trastornos estomacales y ansiedad, además de requerir atención psiquiátrica. Sostienen que fue torturado en dependencias del GOES, obligado a grabar dos videos y presionado para suscribir una delación después de autolesionarse el cuello.
La detención ocurrió el 5 de octubre de 2025 en La Tahona, municipio Baruta. Dos agentes de Polibaruta habrían anunciado una citación al conserje; mientras Gómez hablaba con ellos, llegaron cuatro camionetas ocupadas por hombres vestidos de negro y sin identificación. Según la familia, se lo llevaron ante sus hijos sin exhibir orden de aprehensión. Dos horas después regresaron con él esposado y registraron su vivienda sin autorización judicial, testigos ni representantes del Ministerio Público. No habrían encontrado el fusil, otras armas, la caja fuerte ni el teléfono antiguo que buscaban, pero retiraron dos celulares, su pistola, el porte de armas, documentos y un bolso vacío.
Las actas sitúan el origen policial del caso el 1 de septiembre de 2025, cuando el GOES acudió a puertos de Higuerote y Carenero para revisar movimientos de embarcaciones. Un testigo afirmó haber observado, a mediados de julio, bultos trasladados entre naves y hombres armados. Declaraciones posteriores, búsquedas en internet, comunicaciones y evidencias recogidas en propiedades de otros investigados llevaron a vincular a Gómez con transporte de drogas, extorsión y lavado de activos. También se halló en un inmueble de Lucas Albornett un escrito sobre una solicitud de crédito gestionada por Gómez ante el INTI mediante la fundación Ezequiel Zamora.
Sigue sin conocerse si los elementos policiales fueron examinados mediante peritajes independientes. El expediente reseñado tampoco incluye la respuesta formal de la defensa a cada imputación. No existe una sentencia definitiva sobre Gómez ni los demás acusados, y las instituciones señaladas no han ofrecido públicamente su versión sobre las denuncias de allanamiento irregular, aislamiento, coacción y tortura.
