La convocatoria de nuevas elecciones presidenciales continúa sin concretarse en Venezuela. Aunque partidos opositores, activistas y organizaciones no gubernamentales han elevado esa exigencia después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero, la dictadura chavista no ha anunciado un cronograma para realizar los comicios.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora, incorporó la elección presidencial y la excarcelación de los presos políticos a la propuesta de acuerdo nacional que presentó el 18 de octubre con el objetivo de impulsar una transición en el país.
Ese planteamiento coincide con conversaciones entre el chavismo y una parte de la oposición respaldadas por Estados Unidos. Sin embargo, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no participan directamente en ese proceso de diálogo.
Machado regresó el domingo a Venezuela tras varios intentos fallidos de entrar al país. Desde Lara, en el oeste, encabezó una caravana con destino a Caracas y fue recibida durante el trayecto por miles de personas que reclamaron libertad y elecciones presidenciales para el próximo año.
La PUD manifestó el martes que espera que la dirigente pueda ejercer plenamente sus derechos políticos y ciudadanos. La coalición también reiteró que Machado será su candidata en unos eventuales comicios, pese a la inhabilitación que mantiene en su contra la Contraloría General.
En ese escenario, activistas de derechos humanos y representantes sindicales marcharon este miércoles en Caracas para exigir elecciones y un indulto amplio para los presos políticos. Los participantes intentaron dirigirse al Palacio de Miraflores, pero una barrera policial frenó el recorrido. Después de un forcejeo con los agentes, consiguieron aproximarse a los alrededores de la sede del Ejecutivo.
José Patines, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, denunció que Delcy Rodríguez ejerce ilegítimamente como presidenta encargada. También sostuvo que la elección podría encaminarse cuando Dinorah Figuera, responsable de la delegación opositora en las conversaciones con el chavismo, presente un calendario electoral.
El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres cuestionó la actuación policial y aseguró que las familias y las ONG seguirán reclamando un indulto general para las personas encarceladas por motivos políticos. Foro Penal registra 322 detenidos en esa condición. El régimen afirma que permanecen presos por delitos, argumento rechazado por organizaciones civiles y fuerzas opositoras.
Durante otra concentración cerca de Miraflores, el Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso formar una junta provisional integrada por civiles y militares que, según su planteamiento, sean leales a la Constitución. Su presidente, Noé Mujica, pidió a la Fuerza Armada, la Policía Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que no impidan la celebración de elecciones.
Mujica planteó que esa junta asuma la conducción del país y organice un proceso electoral transparente, sin fraude y reconocido dentro y fuera de Venezuela. Las distintas iniciativas mantienen así la presión sobre la dictadura para abrir una salida electoral, mientras siguen pendientes tanto la fecha de los comicios como la liberación de los presos políticos.
