Ochenta y cuatro páginas accesibles de nuevo frente a más de ciento sesenta que continúan cerradas: ese es el mapa actual de la censura en línea descrito por Ve Sin Filtro. El número de aperturas se presenta como señal favorable, pero queda opacado por la magnitud de lo que todavía no se puede consultar dentro del país.
La desigualdad en la aplicación complica el panorama para los usuarios venezolanos. Según la organización, un mismo portal puede abrirse con una compañía y seguir bloqueado con otra, según el proveedor contratado y el procedimiento utilizado para impedir el ingreso. Esa falta de uniformidad impide establecer con certeza hasta dónde llegan las liberaciones anunciadas y deja a cada persona frente a una experiencia distinta de navegación.
La exigencia central es que no quede ningún cerrojo arbitrario en pie. Ve Sin Filtro reclama la supresión completa de los impedimentos que afectan a medios informativos, grupos de defensa de derechos fundamentales, redes sociales, aplicaciones de mensajería, instrumentos de protección de la privacidad y servidores públicos de nombres de dominio. Únicamente una apertura sin excepciones, sostiene, devolvería al país un entorno digital plural donde circularan las ideas sin filtros impuestos.
El aspecto técnico ocupa un lugar decisivo en la advertencia. Retirar el veto sobre una dirección principal no asegura la entrada si se mantienen candados sobre variantes del mismo portal, sus direcciones numéricas u otros soportes vinculados al servicio. A ello se suma la brecha entre la operadora estatal Cantv y las empresas privadas, una divergencia que obliga a comprobaciones autónomas. Por ese motivo, la ONG anunció que mantendrá sus mediciones propias para impedir que el anuncio se quede en un gesto de fachada.
La opacidad es el otro reclamo de fondo. Durante años, los cortes se ejecutaron sin que las víctimas supieran qué instrucción los respaldaba, qué despacho la pidió, en qué norma se amparaba ni ante quién podían reclamar. Ante ese historial, la agrupación pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que difunda el inventario íntegro de los desbloqueos dispuestos. Solo con ese listado público, afirmó, será posible cruzar la versión oficial con las pruebas independientes y dejar en manos de la ciudadanía la verificación.
Cualquier permiso futuro de restricción, planteó, tendría que responder a legalidad, necesidad y proporcionalidad, con vigencia y alcance acotados y revisión por jueces autónomos, para evitar que una orden administrativa reponga mañana lo que hoy se abre. La organización cerró con una frase categórica: «El levantamiento debe ser general, efectivo y verificable en todos los proveedores de internet, Cantv y privados». Esa valoración se emitió a propósito del entendimiento logrado en la mesa de diálogo entre delegados de la dictadura de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional de 2015 para suprimir las trabas al acceso a la red.
