Unos 163.000 españoles que viven fuera del país podrían quedar sin la posibilidad de participar en los comicios generales de España previstos para el 29 de noviembre. Juan Manuel Martínez Chas, residente en Buenos Aires, se encuentra entre los ciudadanos afectados y admite que tal vez no alcance a emitir su voto.
Para Martínez Chas, la consecuencia inmediata es perder su capacidad de intervenir en esa elección pese a haber obtenido la nacionalidad española. Sin embargo, su propósito ya no depende exclusivamente de llegar a las urnas en esta convocatoria: quiere que el conflicto sea revisado judicialmente.
El ciudadano está dispuesto a impulsar todas las acciones posibles para dejar planteada la discusión. Incluso si el proceso no modifica a tiempo su situación electoral, espera que en el futuro una instancia judicial establezca si la exclusión constituyó una vulneración grave de un derecho fundamental.
El conflicto surgió a partir de una decisión que dejó sin sufragio a ese grupo de españoles domiciliados en otros países. Todos ellos adquirieron la ciudadanía mediante la norma conocida como ley de nietos, condición que también cumple Martínez Chas. La medida alcanza aproximadamente a 163.000 personas.
Desde la capital argentina, Martínez Chas sostiene que la documentación exigida no puede analizarse sin tener en cuenta la experiencia de quienes abandonaron España. Recuerda que las personas que huyeron no necesariamente pudieron reunir y conservar previamente una carpeta con papeles, sino que muchas partieron únicamente con lo que llevaban consigo.
Ese argumento forma parte de su cuestionamiento a una exclusión que, en su caso, tiene un efecto concreto: impedirle votar el 29 de noviembre. Aun con la incertidumbre sobre los plazos, mantiene su intención de conseguir un pronunciamiento que trascienda esta elección y pueda servir para determinar el alcance del derecho político reclamado.
Martínez Chas aspira a que la controversia llegue, en algún momento, a una institución capaz de resolverla de manera definitiva. Entre las instancias que menciona se encuentran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
