Un total de 322 presos políticos permanecía en las cárceles venezolanas según el balance más reciente de Foro Penal, pese a las 1.104 excarcelaciones registradas durante 2026 hasta el 5 de octubre. La organización contabilizaba además 11.468 personas sujetas a restricciones judiciales: entre quienes seguían encarcelados, 152 tenían condena y 170 aún esperaban sentencia.
Las cifras exponen los límites de la amnistía promovida por Delcy Rodríguez y de las promesas formuladas desde Washington tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero. Entre los detenidos todavía había 140 militares y 31 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, incluidos más de diez españoles. La estructura judicial de la dictadura conserva así la capacidad de determinar quién recupera su libertad.
Uno de los excluidos es Óscar Alejandro Caamaño Valero, español de 53 años recluido en Tocuyito, estado Carabobo, bajo una pena de 30 años. Sus familiares aseguran que ha bajado cerca de 30 kilos y sufre afecciones respiratorias sin atención adecuada. Su esposa no ha logrado que sea trasladado a un hospital para confirmar o descartar el derrame pleural que sospecha.
Caamaño nació en Caracas el 20 de abril de 1973 y obtuvo la nacionalidad española por su padre, emigrante de España. Su esposa también es española por vía materna. Ingresó en Inteligencia en 1992 y trabajó en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, organismo anterior al Sebin. La familia sitúa el comienzo de su persecución en abril de 2002, cuando él y otros agentes presuntamente se negaron a reprimir manifestantes durante la crisis que apartó brevemente a Hugo Chávez del poder.
En 2004, el chavismo lo relacionó con explosiones contra las representaciones diplomáticas de España y Colombia. Según sus parientes, el expediente concluyó sin condena porque no había pruebas, pero Caamaño fue expulsado de Inteligencia en 2005. Doce años después quedó involucrado en la causa por la Operación David, la incursión encabezada el 6 de agosto de 2017 por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott en Fuerte Paramacay. Militares y civiles tomaron armas y anunciaron que buscaban impulsar una rebelión contra Maduro.
La familia niega que existieran elementos que demostraran la participación de Caamaño. Fue detenido en agosto de 2017 y pasó siete meses en instalaciones del Sebin en San Cristóbal, lejos de su vivienda en Caracas; su esposa solo consiguió verlo dos o tres veces. Salió en marzo de 2018 bajo medidas cautelares y, de acuerdo con sus allegados, cumplió durante años todas las comparecencias. El 18 de diciembre de 2025 fue citado a una audiencia y al día siguiente un juez impuso a los 23 acusados la pena máxima venezolana: 30 años.
El consulado español conoce el caso, lo ha visitado y le entrega una pequeña asistencia económica, aunque la familia no ha observado resultados de las gestiones diplomáticas. Delcy anunció el 30 de enero una amnistía para conflictos políticos desde 1999, mientras Jorge Rodríguez prometió el 6 de febrero que todos saldrían al aprobarse la norma. Sin embargo, el texto publicado el 19 de febrero excluyó determinados delitos militares y hechos armados, y dejó las decisiones en manos de tribunales de la dictadura.
Las solicitudes de sobreseimiento de los procesados por Paramacay fueron rechazadas en febrero. Delcy cerró la aplicación de la ley el 23 de abril y trasladó los asuntos pendientes a otras vías de revisión. Aunque Donald Trump aseguró el 12 de mayo que los sacaría a todos y elogió la gestión de Delcy, Caamaño continuaba encarcelado más de cinco meses después. Su apelación sigue sin respuesta nueve años después de la operación, una señal de que las excarcelaciones no han desmontado el aparato represivo del chavismo ni garantizado justicia para quienes permanecen presos.
