El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dejó sin efecto la competencia especial en materia de terrorismo que tenían determinados juzgados de Caracas. Esas instancias reunían la mayoría de los procesos relacionados con presos políticos, pero ya no estarán a cargo de investigar y decidir esas causas penales.
Tras la modificación, los expedientes deberán ser atendidos por los tribunales ordinarios de primera instancia correspondientes a cada estado. La decisión supone una redistribución territorial de los casos que hasta ahora se encontraban concentrados en la capital venezolana.
La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por Caryslia Rodríguez, presidenta del máximo tribunal. El documento fue divulgado en la página web de la institución, el canal utilizado para hacer pública la nueva organización de competencias judiciales.
El cambio ocurre mientras se desarrolla el tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno interino y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. La resolución judicial coincide así con una nueva etapa del proceso de negociación entre ambas partes, aunque el documento reseñado no atribuye expresamente la decisión a esas conversaciones.
Además de trasladar las investigaciones y decisiones a los juzgados estatales, el TSJ incluyó una instrucción sobre la manera en que deben tramitarse los procesos. La resolución pide a las instancias ordinarias examinar con rigor la calificación jurídica antes de permitir que los expedientes avancen hacia la etapa de juicio.
En concreto, el alto tribunal las insta a impedir el “ascenso excesivo” de causas que no hayan sido evaluadas jurídicamente con la debida rigurosidad. Esa advertencia acompaña la reasignación y fija una condición para el manejo de los procedimientos penales bajo la nueva distribución.
La decisión modifica la estructura utilizada para procesar los casos de terrorismo que estaban bajo control de los juzgados caraqueños, incluidos numerosos expedientes de presos políticos. A partir de ahora, la responsabilidad recaerá en los tribunales ordinarios de primera instancia de cada entidad, tanto para investigar como para adoptar las decisiones correspondientes.
