El abrazo a la salida de la cárcel, de madrugada y frente a sus familiares, devolvió a Frank Cabañas a la vida fuera de los barrotes después de casi nueve años. Ese reencuentro, grabado en video y difundido en redes sociales, alivió a un núcleo familiar que había reclamado durante años una libertad que nunca llegaba y puso de nuevo sobre la mesa la situación de quienes continúan detenidos por razones políticas en Venezuela.
La salida se concretó en las primeras horas del sábado y fue informada el viernes por activistas y entidades de defensa de derechos humanos. Cabañas figuraba como la persona que todavía seguía privada de libertad dentro del expediente ligado al exfuncionario policial Óscar Pérez. Su caso se había convertido en símbolo de los procesos que se prolongan sin definición judicial.
Según denunciaron su esposa y quienes pedían su liberación, pasó todo ese tiempo encarcelado sin que se dictara una condena firme en su contra. Eran años contados entre traslados, audiencias diferidas y silencio oficial, mientras la defensa insistía en que no existían fundamentos para mantenerlo tras las rejas. La falta de juicio cerrado marcó su historia penitenciaria.
Ese encierro había comenzado en septiembre de 2017, cuando fue apresado por su supuesta relación con el grupo encabezado por Pérez. En aquel momento, el país vivía meses de intensa confrontación entre la dictadura que dirigía Nicolás Maduro y sectores que protestaban en las calles. La acusación lo ató a un expediente que después se haría ampliamente conocido.
Meses después de esa captura, en enero de 2018, Pérez murió en El Junquito, al oeste de Caracas, durante una operación de las fuerzas de la dictadura. Antes de morir difundió videos en los que decía estar rodeado junto a sus acompañantes y pedía que cesaran los disparos porque pretendían rendirse. En la acción perdieron la vida otras seis personas que estaban con él.
El origen de la persecución contra Pérez se remontaba a julio de 2017, en plena ola de manifestaciones contra el chavismo. Entonces, el entonces inspector de la policía científica sobrevoló la capital en un helicóptero oficial y lanzó artefactos contra sedes públicas, un episodio que, según la versión oficial, no causó heridos ni daños relevantes. Desde ese día quedó prófugo hasta el operativo en el que murió, calificado por opositores y defensores de derechos humanos como una ejecución.
La liberación de Cabañas coincidió con otras salidas conocidas en las mismas horas, entre ellas la de Leonardo Chirinos, vinculado al caso Gedeón, quien se dirigió al campamento de familiares frente a la sede diplomática estadounidense, y la de un oficial retirado de la Aviación de 72 años, recluido desde 2019 en Ramo Verde y relacionado con el expediente conocido como Vuelvan Caras, el mismo en el que estuvo imputado el capitán Rafael Acosta Arévalo, fallecido bajo custodia. Esas liberaciones trascendieron poco después de concluir una nueva ronda de contactos entre voceros del chavismo y delegados de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Lo que todavía no está claro es si estas excarcelaciones forman parte de una medida más amplia o si quedarán como gestos aislados. Las organizaciones humanitarias reclaman que el beneficio alcance a civiles y militares aún encarcelados por motivos políticos, pero no hay información oficial sobre cronogramas, revisiones de causas ni garantías de libertad plena. Para las familias que siguen esperando, la incertidumbre continúa.
