La rabia y el temor a represalias dominan entre los soldados desplegados en Casigua El Cubo después de que uno de sus compañeros quedara mutilado y los jefes ordenaran replegarse sin responder. Testimonios recogidos tras el suceso describen a una tropa que esperaba helicópteros, rastreo del terreno y ocupación militar de la zona, y que en cambio recibió la instrucción de salir del lugar y guardar silencio. Ese silencio impuesto es hoy el principal reclamo dentro de la unidad.
El afectado, el sargento segundo Isaac Rincón, de 32 años y padre de un niño, permanece ingresado en el Hospital Militar de Maracaibo luego de sufrir la amputación de una pierna. Los médicos del Centro de Diagnóstico Integral de Casigua El Cubo intentaron salvarle la extremidad destrozada por la detonación, pero el daño era irreversible y debieron cortarla para preservar su vida. Su caso deja abierta la posibilidad de que quede fuera de la Fuerza Armada por inutilidad como combatiente.
Horas antes, en la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, alrededor de las 10:00, Rincón integraba una comisión de ocho efectivos al mando del primer teniente Sepúlveda. El grupo avanzaba a pie en las inmediaciones de la redoma de Casigua El Cubo, en el sector West Tarra, punto desde donde arranca una vía hacia Tres Bocas, en el límite con Colombia. Su misión era ubicar y neutralizar una pista clandestina presuntamente al servicio del narcotráfico.
Al acercarse al objetivo, ninguno advirtió que el perímetro estaba sembrado con artefactos explosivos. Rincón pisó una mina antipersonal y la carga estalló bajo su cuerpo, provocándole heridas devastadoras en una extremidad inferior. La zona, conocida por antiguos pozos y campos petroleros llamados Campos West Tarra, conecta la vialidad principal con trochas fronterizas usadas para mover droga hacia territorio colombiano.
Los militares atribuyen el minado a la guerrilla colombiana, en particular al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que mantienen campamentos y pistas en el municipio Jesús María Semprún. Pese a la cercanía del Fuerte Motilón y de áreas residenciales y comerciales, esos grupos irregulares actúan con libertad, protegen sus pistas con explosivos y resguardan los movimientos de sus jefes y combatientes. Fuentes castrenses aseguran que no se trata de un caso aislado y que otros uniformados han muerto o han perdido piernas por el mismo método alrededor de pistas y campamentos.
La comisión formaba parte de una unidad de relevo de unos 100 efectivos para patrullaje fronterizo y pertenecía a la 13.ª Brigada de Infantería Motorizada Centinela de la Guajira, con sus batallones Manuel Carlos Piar y José Antonio Páez. Tras la explosión, según los testimonios, los mandos de la dictadura impidieron abrir fuego contra los irregulares y ordenaron el repliegue inmediato. Ni siquiera la posterior visita del general de división Okler Roberto Yustiz Castillo, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral 11 Zulia, se tradujo en una operación de respuesta en el área.
Queda sin respuesta si la dictadura ordenará militarizar el sector, enviar helicópteros o desactivar las minas que rodean pistas y campamentos. Un informe de inteligencia citado en enero de 2026 habla de diez pistas clandestinas entre el Catatumbo y el Zulia bajo control del ELN para el tráfico de drogas, cuatro de ellas en Jesús María Semprún y bajo observación de agencias estadounidenses. Mientras tanto, el futuro del sargento mutilado y la posibilidad de justicia siguen en la incertidumbre.
