Los artículos 44 y 46 de la Constitución venezolana protegen la libertad y la integridad personal, mientras que una captura sin orden judicial solo puede producirse ante un delito flagrante. Ese marco institucional volvió al centro del debate después de que el poder ordenara a los organismos de seguridad respetar límites que debían regir sus actuaciones desde el principio.
Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada, reiteró el 29 de octubre que la protesta pacífica constituye un derecho constitucional y aseguró que no habrá arrestos sin mandato de un tribunal, excepto en flagrancia. Las declaraciones formaron parte de un balance sobre reformas legales, economía y contratos de hidrocarburos durante su gestión en 2026.
Rodríguez también sostuvo que la aprobación de la Ley de Amnistía y la transformación jurídica de la Ley contra el Odio ayudan a recuperar gradualmente la confianza en las instituciones. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que esos anuncios aislados no desmontan los mecanismos represivos desarrollados por la dictadura venezolana.
En ese contexto, Provea exigió abrir investigaciones contra los funcionarios que han practicado detenciones arbitrarias, liberar a las personas encarceladas sin garantías judiciales y eliminar el entramado normativo empleado para perseguir a la disidencia. Para la ONG, que el propio poder deba recordar a sus agentes la prohibición de capturar sin orden demuestra hasta qué punto la arbitrariedad se convirtió en una práctica habitual.
La organización calificó la instrucción como un avance insuficiente y pidió mantener bajo vigilancia cada procedimiento que afecte los derechos a la libertad y la integridad. También reclamó documentar esos casos para evitar que el anuncio oficial quede reducido a una orden sin rendición de cuentas ni consecuencias para quienes ejecutaron los abusos.
Justicia, Encuentro y Perdón coincidió en que las medidas deben convertirse en modificaciones estructurales. La organización recordó que más de 400 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos y advirtió que las directrices recientes no representan por sí mismas una transformación del sistema judicial ni de las instituciones.
JEP reconoció que las excarcelaciones de los últimos meses llevaron alivio a cientos de familias, pero precisó que la mayoría de los beneficiados todavía afronta procesos abiertos y medidas cautelares restrictivas. También citó el intento de detener a un dirigente sindical ocurrido el día anterior, frustrado, según la ONG, por el respaldo de ciudadanos presentes.
Para JEP, ese episodio confirma que continúan activos los procedimientos legales capaces de limitar derechos fundamentales. La organización planteó reformas profundas que restablezcan el Estado de Derecho de forma irreversible, en lugar de decisiones coyunturales presentadas por el régimen como señales de normalización.
Las consecuencias inmediatas permanecen abiertas: más de 400 presos políticos continúan encarcelados, numerosos excarcelados siguen sometidos a restricciones y los organismos de seguridad quedan bajo observación ante nuevas capturas. Al mismo tiempo, las autoridades enfrentan las exigencias de liberar a los detenidos sin garantías, investigar a los responsables y desactivar las herramientas usadas contra la disidencia.
