Oficiales de rangos medios y bajos, integrantes de la tropa profesional y personal alistado padecen precariedad económica, escaso adiestramiento y desmoralización, mientras cualquier manifestación de inconformidad en los cuarteles puede derivar en amenazas de cárcel y tortura, según denunció el Frente Institucional Militar (FIM). La organización advierte que estas prácticas han profundizado la fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El FIM reúne a 252 oficiales profesionales retirados y está presidido por el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt. El vicepresidente es el General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el secretario de Organización, el GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los componentes están representados por el GB (EJ) Juan Ferrer Barazarte, por el Ejército; el Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, por la Armada; el GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, por la Aviación; y el GB (GN) Simón Figuera Pérez, por la Guardia Nacional.
Ante el deterioro descrito, los militares retirados plantearon reconstruir una institución sustentada en el honor, la preparación, la meritocracia y la defensa nacional. También reclamaron que la FANB abandone las ideologías partidistas, cumpla las leyes y vuelva a estar sometida al mandato constitucional, en lugar de responder a una persona o facción política.
El pronunciamiento conectó esa reconstrucción con la crisis democrática derivada de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Para el FIM, aquella fecha permanece presente en la memoria de los ciudadanos, como mostrarían las protestas registradas en varias partes de Venezuela. La agrupación sostuvo que la población continúa exigiendo el reconocimiento del presidente que considera ganador, aunque el documento reseñado no lo identifica por nombre.
Al examinar el origen inmediato de la crisis, el Frente describió una estructura dividida. En la cúspide ubicó a generales, almirantes, capitanes de navío y coroneles beneficiados con privilegios. En contraste, señaló que el resto enfrenta salarios insuficientes, servicios de asistencia social inadecuados y un deterioro de las instalaciones destinadas al bienestar de los militares y sus familias.
La agrupación atribuyó parte de esta descomposición a la politización del servicio castrense dentro del aparato de la dictadura venezolana. También denunció deficiencias logísticas, pérdida de disciplina, limitada capacidad operativa y la sustitución del mérito como criterio para conceder ascensos y asignar responsabilidades. A su juicio, ese proceso desfiguró la misión institucional de la FANB.
Ese modelo contradice los principios constitucionales que definen a la Fuerza Armada como profesional, carente de militancia partidista y dedicada exclusivamente al servicio nacional. La Constitución también establece la obediencia, la disciplina y la subordinación como fundamentos, además de vincular los ascensos con los méritos, el escalafón y las vacantes disponibles.
En sentido cronológico inverso, el FIM recordó que la etapa democrática comenzada en 1958 formalizó la sujeción militar al poder civil. Antes, durante el siglo XX, se habían desarrollado academias, escuelas y ramas especializadas; los antecedentes más remotos se sitúan en la Independencia y en los proyectos de formación militar del siglo XIX. La organización afirmó que la antigua Fuerza Armada Nacional protegió durante buena parte de la historia republicana la soberanía, las instituciones democráticas y los derechos humanos.
El pronunciamiento deja sin precisar cuántos efectivos habrían sido amenazados, en cuáles unidades ocurrieron los episodios denunciados o si existen procesos de detención en curso. Tampoco recoge una respuesta de la cúpula militar. Por ello, permanece incierto el alcance concreto de la persecución y la posibilidad real de que la FANB recupere la institucionalidad reclamada por los 252 oficiales retirados.
