El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre las condiciones de reclusión en el Internado Judicial Rodeo IV, en el estado Miranda, donde denunció torturas, tratos crueles, alimentación insuficiente, falta de agua potable y deficiencias en la atención médica.
Según la información recabada por la organización, el penal alberga aproximadamente a 300 internos por piso, distribuidos en cuatro niveles. Las celdas tienen entre ocho y 12 personas, que duermen sobre estructuras de cemento y colchonetas costeadas por sus familiares.
El OVP señaló que el director del recinto, José Luis Larusa, y el subdirector, Julio César Graterol, someten a los reclusos a castigos físicos. Entre las denuncias figuran golpizas con tubos y bates. Además, hace unas tres semanas, al menos 35 internos permanecían aislados, sin visitas ni recepción de paquetería, tras incidentes durante requisas.
En materia de alimentación, la prisión no cuenta con cocina propia y recibe los alimentos desde Rodeo II y III. Según los testimonios recogidos por el OVP, la comida se transporta en carretillas sin protección y la dieta consiste principalmente en granos, harina y arroz, con porciones ocasionales de sardinas. También denunciaron que los alimentos llegan mal cocidos o en condiciones inadecuadas.
El recinto tampoco dispone de agua por tuberías, por lo que depende de camiones cisterna y de los recipientes que llevan los familiares. A esto se suma la presencia de chinches, brotes cutáneos y casos de tuberculosis, así como internos con enfermedades graves o problemas de salud mental que, según las denuncias, no reciben medicamentos ni atención especializada.
Ante esta situación, el OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que investiguen las denuncias y garanticen la integridad física, la salud y los derechos fundamentales de los reclusos.
La organización advirtió que las condiciones denunciadas vulneran el artículo 272 de la Constitución venezolana, que establece la obligación del Estado de garantizar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.
