Un total de 322 personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela, de acuerdo con el registro del Foro Penal. La cifra refleja la persistencia de la represión bajo la dictadura chavista, que niega la existencia de presos de conciencia y atribuye los arrestos a supuestos delitos.
Ese escenario también incluye denuncias recientes sobre detenciones de sindicalistas, abogados y militantes opositores. Fundehullan informó la semana pasada del arresto de Marlon Maya, abogado y miembro de Vente Venezuela en Barinas. Posteriormente fue excarcelado, pero quedó sujeto a medidas cautelares. La organización política, liderada por María Corina Machado, tiene presencia en distintas regiones venezolanas.
Otro episodio fue el del sindicalista Orlando Ramírez, detenido durante casi un mes después de participar en protestas laborales. Mientras estuvo bajo custodia, su ubicación no fue informada públicamente. El abogado Eduardo Torres comunicó el 6 de octubre que Ramírez había sido liberado en una carretera ubicada entre Lara y Yaracuy, en el occidente del país.
En medio de ese patrón de hostigamiento, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos denunció que la vivienda del dirigente opositor Ricardo Pérez fue atacada con armas de fuego el jueves, en el municipio Ospino del estado Portuguesa. Pérez pertenece al partido socialcristiano Copei y se encontraba en la casa junto con integrantes de su familia, cuyas vidas estuvieron en peligro, según la ONG.
Fundehullan difundió en X una grabación realizada por el propio activista desde el interior del inmueble. En el material se observan casquillos y daños causados por los impactos en las paredes externas. La organización señaló que Pérez ya había sufrido un episodio semejante en julio de 2024 y consideró lo ocurrido parte de una reiterada persecución política.
La ONG solicitó a la Fiscalía General y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas abrir una investigación urgente que sea transparente e imparcial. El objetivo, indicó, debe ser determinar quiénes ejecutaron el atentado y quiénes pudieron haberlo ordenado. También reclamó protección inmediata para Pérez y sus familiares.
La organización recordó que el Estado está obligado por la Constitución venezolana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de los ciudadanos. Además, exigió a las autoridades de Portuguesa detener cualquier hostilidad motivada por razones políticas y respetar el pluralismo. A su juicio, el episodio confirma la advertencia de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de que la estructura represiva continúa intacta.
El ataque coincidió con una movilización opositora realizada en varios estados. Entre las demandas figuraban la publicación de un calendario electoral y la celebración de comicios presidenciales en 2027. Los manifestantes también pidieron el retorno de María Corina Machado, fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado; su equipo denunció que las autoridades bloquearon su regreso.
La ausencia de una pesquisa independiente y de protección efectiva profundizaría el riesgo para Pérez y su entorno. El caso deja nuevamente bajo escrutinio a las instituciones controladas por la dictadura, responsables de esclarecer la violencia sin encubrir autores materiales o intelectuales y de impedir que la intimidación política continúe extendiéndose.
