La vida cotidiana de los venezolanos volvió a quedar golpeada por las interrupciones eléctricas: las fallas paralizaron actividades productivas, perjudicaron la operación de los sistemas de agua y pusieron en riesgo alimentos y medicinas. También afectaron el uso de aparatos domésticos debido a los cortes prolongados y las variaciones del voltaje.
Ese deterioro llevó a las comunidades a las calles. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en septiembre de 2026 un total de 1.101 protestas, con un promedio de 37 cada día. De esa cifra, 531 estuvieron relacionadas con apagones y deficiencias del servicio eléctrico, de acuerdo con un boletín divulgado este miércoles.
Los datos reflejan una escalada pronunciada frente a septiembre de 2025. En aquel mes fueron contabilizadas 187 manifestaciones, por lo que el registro de este año supone un incremento de 489 %. La conflictividad no se limitó a la electricidad: trabajadores y pensionados también se movilizaron para exigir ingresos dignos.
La presión social coincidió con nuevos datos sobre el costo de la alimentación. Una familia de cinco integrantes requirió 761,35 dólares en septiembre solamente para cubrir ese rubro, según cálculos publicados este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros. En agosto, la misma canasta costaba 755,36 dólares, de modo que el aumento mensual fue de 0,79 %.
Entretanto, el salario mínimo venezolano equivale a centavos de dólar mensuales conforme al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Durante los últimos años, la dictadura chavista concentró su política de remuneraciones en dos bonos destinados a empleados públicos. Ambos suman actualmente 240 dólares, se pagan en bolívares a la tasa del BCV y no repercuten en los beneficios laborales.
Por esa razón, gremios docentes, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales mantienen protestas y exhortos para que el Estado eleve el salario mínimo, referencia utilizada para fijar las remuneraciones del sector público.
En materia eléctrica, los apagones aumentaron durante el último año, aunque el problema se arrastra desde hace más de una década. Expertos y sectores opositores atribuyen la crisis a la falta de mantenimiento y la corrupción. El régimen, en cambio, responsabiliza a las sanciones, al fenómeno climático El Niño y a presuntos sabotajes.
En paralelo, el chavismo y un sector opositor concluyeron este miércoles la tercera ronda de negociaciones respaldadas por Estados Unidos. Después de una semana de conversaciones, acordaron revisar varias normas y establecer una comisión paritaria para gestionar el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Entre las leyes sometidas a revisión figura la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en particular las disposiciones vinculadas con las inhabilitaciones políticas.
La oposición reclama que sea levantada la inhabilitación de María Corina Machado, líder opositora y premio nobel de la paz, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado, para que pueda regresar y concurrir a eventuales elecciones. Machado y Edmundo González Urrutia no intervienen directamente en el diálogo, aunque esperan que produzca un cronograma presidencial oportuno. Sigue sin conocerse si la revisión legal eliminará la inhabilitación, cuándo podría volver Machado, si habrá calendario electoral o qué resultado tendrá la gestión sobre el oro retenido.
