Una investigación penal que todavía no ha producido cargos coloca bajo escrutinio a Ilhan Omar, mientras Barack Obama sostiene que la administración de Donald Trump emplea las instituciones federales para castigar a una adversaria política. El choque enfrenta las sospechas sobre la ciudadanía de la congresista con la denuncia del expresidente demócrata de que se busca desnaturalizarla y expulsarla del país.
La pesquisa incluye un registro federal de la residencia de Omar en Washington, D.C., y examina tanto su situación migratoria como el crecimiento inusual de su patrimonio, que la convirtió en millonaria durante un solo año. Fox News Digital informó que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, estuvieron a cargo del operativo.
Hasta ahora, las autoridades no han anunciado acusaciones contra la representante. Omar, elegida por primera vez en 2018, aspira a obtener un quinto período consecutivo por el 5.º distrito de Minnesota, una circunscripción favorable a los demócratas que abarca Mineápolis y cuenta con una numerosa comunidad somalí.
Obama intervino públicamente el domingo mediante X. Argumentó que ningún gobierno estadounidense debe seleccionar objetivos por sus opiniones o expresiones políticas y afirmó que eso es lo que Trump estaría haciendo con Omar. También calificó de carente de fundamento la teoría sobre la edad que ella tenía al adquirir la ciudadanía.
Según el expresidente, las autoridades pretenden quitarle la nacionalidad y deportarla debido a sus críticas contra Trump, una actuación que, advirtió, podría establecer un precedente peligroso. Su reaparición política contrasta con el bajo perfil mantenido hasta el momento por Joe Biden y Bill Clinton. Obama también participa en la campaña de Abdul El-Sayed, candidato musulmán y socialista al Senado por Míchigan.
De acuerdo con algunos testigos, durante el registro fueron incautados el teléfono de Omar, cuadernos, computadoras personales y su pasaporte. Únicamente ella y su esposo estaban en la vivienda. Las autoridades también habrían expedido más de doce citaciones, incluidas algunas dirigidas a familiares, para comparecer ante un gran jurado en Minnesota.
La congresista Nancy Mace sostiene además que Omar se casó con su hermano para facilitarle una condición migratoria. Mace afirmó que, si el fraude llega a probarse, la legisladora debe perder la ciudadanía y ser deportada. “NADIE está por encima de la ley”, escribió. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó el mes pasado que existía una pesquisa activa y anticipó: “Algo va a pasar”.
Obama atribuyó a Trump prácticas similares a aquellas por las que fue cuestionado el Departamento de Justicia encabezado por Merrick Garland durante el gobierno de Biden. Trump y reportes periodísticos han sostenido que los demócratas estuvieron presuntamente involucrados en acciones destinadas a obstaculizar su regreso a la Presidencia.
El conflicto se origina en los documentos tramitados por el fallecido padre de Omar cuando la familia ingresó a Estados Unidos. La legisladora nació en Somalia, supuestamente en 1982, llegó como refugiada en 1995, a los 12 años, y obtuvo la ciudadanía en 2000, presuntamente con 17. Sin embargo, registros presentados en Minnesota al comienzo de su carrera política habrían situado su nacimiento en 1981, fecha que después habría cambiado. Los investigadores buscan determinar si ella o su padre alteraron la edad para mostrar que tenía 17 años, y no 18, cuando él se naturalizó; de haber sido mayor de edad, según la teoría investigada, habría necesitado solicitar la ciudadanía por separado.
