La Corte Suprema de Justicia es la institución facultada en Colombia para investigar penalmente a los miembros del Congreso, debido al fuero especial que ampara sus cargos. Esa competencia abrió una vía judicial distinta dentro del proceso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio de 2025 mientras impulsaba su candidatura presidencial en un acto político celebrado en el barrio Modelia, en Bogotá. Recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió el 11 de agosto, luego de pasar más de dos meses internado en la Clínica Santa Fe.
Hasta ahora, la Fiscalía ha detenido a nueve personas por el homicidio y cuatro ya recibieron condenas, incluido el adolescente que disparó. Durante el juicio, Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, aseguró que la Segunda Marquetalia ordenó el atentado. Esa disidencia de las FARC está encabezada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien volvió a las armas en 2019 tras haber sido negociador de paz de la guerrilla.
La Fiscalía General de la Nación remitió este miércoles el expediente a la Corte Suprema para establecer si congresistas participaron en la planificación, financiación u orden del magnicidio. Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, confirmó la decisión de compulsar las copias correspondientes al alto tribunal.
La actuación se produjo después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, denunciara posibles nexos entre integrantes de Comunes —partido creado después de la desmovilización de las FARC— y el crimen. Tarazona contó a Blu Radio que una fuente cuya identidad mantuvo en reserva le entregó información que circulaba desde abril de 2025, dos meses antes del atentado.
Según esa versión, todavía pendiente de verificación judicial, la instrucción para atacar al dirigente habría surgido dentro del Congreso colombiano y los recursos utilizados para financiar la operación habrían llegado desde Venezuela, sometida a la dictadura chavista. La denuncia no establece por sí sola responsabilidades y corresponde a las autoridades determinar su veracidad.
Seis excongresistas de Comunes rechazaron los señalamientos. La agrupación, que actualmente carece de representación parlamentaria, sostuvo que las acusaciones forman parte de una ofensiva basada en desinformación, estigmatización y señalamientos falsos contra sus miembros.
Miguel Uribe, padre de la víctima y también exsenador, respaldó en X la postura del presidente Abelardo de la Espriella y reclamó que la investigación avance más allá de quienes ejecutaron materialmente el asesinato. También exigió identificar a quien impartió la orden y describió el caso como un crimen de Estado cometido con la complicidad del gobierno de Petro, una acusación expresada por él y aún sujeta a esclarecimiento.
El envío de las actuaciones obliga ahora a la Corte Suprema a revisar los elementos relacionados con personas aforadas. Como consecuencia inmediata, el caso incorpora una nueva línea destinada a comprobar si algún congresista intervino y a determinar quién dispuso y financió el asesinato.
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