El nuevo Ejecutivo rumano nace sostenido por una mayoría amplia, pero sin una coalición cohesionada. Luca Niculescu gobernará sin partido propio, con once de los dieciocho ministerios previstos en manos del Partido Socialdemócrata (PSD) y con respaldos externos sujetos a condiciones distintas. Su estabilidad dependerá de conciliar la protección del gasto social con la reducción del déficit.
El Parlamento lo invistió con 280 votos favorables, 47 más de los 233 requeridos, después de seis meses de bloqueo político. La votación convirtió al periodista y diplomático en jefe de Gobierno, una salida tecnocrática para una crisis interna con consecuencias económicas y geopolíticas.
Su llegada fue precedida por varios intentos fallidos. El presidente Nicusor Dan lo escogió el 5 de octubre como su cuarto aspirante al cargo desde el derrumbe del anterior Gobierno en mayo. Niculescu no alcanzó el poder tras liderar una formación, imponerse en elecciones o consolidar una base electoral, sino por su experiencia negociadora y su perfil europeísta.
Formado en periodismo europeo en Estrasburgo y antiguo trabajador de Radio France Internationale, fue embajador de Rumanía en París entre 2016 y 2021. Más tarde asumió tareas en el Ministerio de Exteriores vinculadas a la incorporación rumana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Su programa combina disciplina fiscal y medidas sociales: plantea estimular la producción nacional para reducir importaciones, agilizar la burocracia, mejorar las empresas públicas y contener el déficit. También contempla actualizar pensiones, respaldar a familias vulnerables con al menos tres hijos, ampliar la formación profesional y acelerar «Primer Empleo». El presupuesto determinará qué promesas pueden cumplirse.
La principal reacción interna llegó desde el PSD. Su dirigente, Sorin Grindeanu, justificó el respaldo como una vía para impedir un deterioro económico mayor, aunque advirtió que Niculescu no pertenece políticamente al partido ni dispone de libertad ilimitada. Los socialdemócratas exigen un proyecto presupuestario para 2027 antes del 1 de diciembre y descartan nuevas alzas tributarias.
El Partido Nacional Liberal (PNL), de centroderecha, y la organización de la minoría húngara UDMR aportaron apoyo parlamentario sin incorporarse al gabinete. También votaron representantes de minorías nacionales y agrupaciones menores. Los liberales reclaman cuentas realistas y mantener la disminución del déficit, una exigencia que puede chocar con el interés del PSD en preservar el gasto social.
Bruselas observa el desenlace por razones concretas. Rumanía cerró 2024 con un déficit público superior al 9% del PIB y se comprometió a reducirlo por debajo del 3% en 2030. Las agencias de calificación han alertado sobre posibles riesgos para la solvencia si no se aprueba un presupuesto creíble. La inestabilidad ya debilitó al leu y encareció la financiación estatal, mientras las reformas y las cuentas de 2027 condicionan ayudas europeas.
La OTAN también espera estabilidad de un país con cerca de 614 kilómetros de frontera con Ucrania y una posición estratégica en el mar Negro. Días antes de la investidura, cazas F-16 rumanos interceptaron dos drones sobre aguas territoriales del país, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Niculescu advirtió que no podía ofrecer «milagros», pero prometió rigor con los fondos públicos y previsibilidad económica. Su investidura supone además un revés táctico para la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), la derecha radical nacionalista y prorrusa encabezada por George Simion, próxima a Donald Trump. Sin embargo, la maniobra institucional no elimina las causas de su crecimiento ni el riesgo de que unas elecciones anticipadas la favorezcan si los partidos tradicionales vuelven a paralizarse.
